Martha Vásquez
El juicio contra el cuarto grupo señalado de crimen organizado, lavado de dinero y transporte internacional de droga, en lo que va del año, inició ayer al mediodía.
Esta vez se trata del grupo conocido como Dominó, donde existen 50 acusados, pero de estos solo 19 serán juzgados porque el resto está prófugo. Los familiares de los procesados viajan a Managua desde Rivas y Granada, ya que esta operación cubrió varios departamentos del país y diferentes municipios, en diciembre pasado.
Los familiares sostienen que los detenidos son inocentes, aunque será a la juez Adela Cardoza, titular del Juzgado Segundo Distrito de Juicio, a quien le toque decidir al final, según la prueba presentada en juicio por el Ministerio Público.
Para la audiencia de ayer estaba programado que pasaran a declarar ocho testigos, aunque al cierre de esta edición aún no habían culminado y se desconocía la fecha de continuación del maratónico proceso, que contempla la comparecencia de al menos noventa testigos.
El primer testigo que pasó a declarar ayer lo hizo bajo el código 002, ya que la modalidad encapuchada y con identidad oculta, ahora es la norma por supuesta peligrosidad.
El testigo 002 se refirió a la investigación que venía realizando la Policía Nacional a la supuesta estructura desde el año 1997, a través de la Dirección de Investigaciones de Droga.
Según el testigo, el cabecilla del grupo es el nicaragüense Marcial Beltrán Corrales y la organización criminal se dedicaba al traslado de cocaína proveniente de la frontera sur de Nicaragua, específicamente del municipio de Cárdenas, Rivas. Además se dedicaban a tumbar o interceptar droga de otros grupos criminales.
Con el dinero obtenido de las ganancias de la venta de la droga, el grupo se dedicó a formar sociedades anónimas y poder lavar el dinero ilícito. Entre las supuestas inversiones del grupo está la instalación de hoteles y hospedajes, empresas que prestaban el servicio de transporte terrestre e inversiones en propiedades agropecuarias, ubicadas en lugares propicios para el descargue y almacenamiento de droga.
“Las empresas de transporte constituidas facilitaban el traslado de los cargamentos de droga desde la frontera sur hasta la zona del Gran Lago de Nicaragua; desde Malacatoya hasta el empalme de San Benito, desde donde finalmente se transportaba la droga por la frontera norte y occidente del país”, dijo el fiscal Rodrigo Zambrana.
Dentro de la organización se encuentran ciudadanos guatemaltecos, costarricenses y hondureños. En la audiencia de ayer tres de ellos solicitaron a la juez que les dejara al abogado Carlos Arroyo como defensor sustituto, ya que la juez quitó al abogado titular de la defensa por sus múltiples excusas y ausencias en el proceso.
Hasta ayer solo habían pasado investigadores de la Policía como testigos, pero una de las grandes pruebas que presentará el Ministerio Público en este juicio será la interrelación de llamadas telefónicas entre los señalados, mismas que tenían para el manejo del negocio ilícito.
Varios familiares de los procesados —que han peregrinado por los diferentes medios de comunicación argumentando la inocencia de sus consanguíneos—, dijeron que ellos están de acuerdo que se luche contra el crimen organizado, pero que se haga apegado a Ley.
CASOS CONNOTADOS
En lo que va del año este sería el cuarto grupo en importancia señalado de narcotráfico, ya que el primero fue el de Los Charros, una estructura conformada por mexicanos, guatemaltecos, costarricenses, hondureños y nicaragüenses. Estos fueron condenados a 28 y 30 años de cárcel en abril pasado.
Luego está el caso de la estructura de Henry Fariñas, connotado por la presencia de funcionarios públicos de alto nivel como es el exmagistrado suplente del Consejo Supremo Electoral, Julio César Osuna, todos condenados en octubre pasado, y el tercer grupo de relevancia capturado este año son los 18 mexicanos conocidos como los Televisa, que aún están pendientes de juicio.
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