Martha Vásquez
La reciente aprobación del nuevo Código Procesal Laboral, por la Asamblea Nacional y su entrada en vigencia para mayo del 2013, conlleva a la creación de nuevos juzgados laborales en todo el país.
Para tal fin la comisión laboral de la Corte Suprema de Justicia, encabezada por el magistrado de facto Rafael Solís, propuso al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial la creación de dos nuevos juzgados de esta materia en Managua.
Además proyecta para enero de 2013 la creación de al menos dos juzgados más, uno en Masaya y otro en Estelí, ya que actualmente solo hay despachos laborales en Managua, León, Chinandega, Matagalpa y recientemente en Juigalpa.
¿Y LOS FONDOS?
El costo estimado para el funcionamiento anual de dos juzgados anda por el medio millón de córdoba, pero se desconoce el cálculo exacto. Solo en pago al personal anda no menos de 120 mil córdobas mensuales cada juzgado, más los costos de energía y papelería, dijo una fuente administrativa del poder judicial. LA PRENSA solicitó el dato a través de relaciones públicas del poder judicial, pero no fue proporcionado.
Hasta el momento se desconoce de dónde saldrán los fondos para la creación de los nuevos juzgados laborales, ya que todavía se anda en busca del financiamiento para la aplicación de la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres.
El reto según el abogado Solís es crear seis juzgados más en el 2013, hasta llegar a tener un juzgado por departamento a como manda la Ley. Hay que crear uno en Granada, Carazo, Nueva Segovia, Bluefields, Puerto Cabezas, debemos tener un juzgado por departamento como dice la Ley, dijo Solís.
En las disposiciones transitorias del nuevo Código Procesal Laboral se dice que mientras no exista juzgado de trabajo especializado en todo el territorio nacional, será competencia del juez de trabajo más próximo al fuero del demandante.
En la actualidad existen unos 8,500 expedientes en trámite en todo el país, de estos 5,200 están en los juzgados de Managua, donde se concentra la mayor carga por la industria, dijo Solís. Para poder implementar el nuevo procedimiento oral que contempla la celeridad de los casos, reduciendo el tiempo procesal de dos años a seis meses, Solís propone limpiar la mora en seis meses y luego asignar a un juzgado el remanente de expedientes que serían unos 2000. Esto para poder ver resultados inmediatos del nuevo procedimiento.
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