Lucía Navas y Martha Vásquez
Como una señal de que en Nicaragua no se respeta la propiedad privada considera el presidente en funciones del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Mario Amador, las invasiones que algunos empresarios han sufrido los últimos meses y ante lo cual el Gobierno no actúa.
Entre los casos más recientes está el de Pedro Gutiérrez, dueño de una urbanización en el departamento de Matagalpa, donde le fueron tomadas hace pocas semanas veinte manzanas de tierra por invasores.
La Procuraduría General de la República (PGR) no ha actuado, pese a que ya el Cosep presentó el caso, incluso ante el mismo asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce. “Nadie está haciendo nada (en este caso). El Gobierno no está respondiendo a tiempo y pareciera como que hay un incentivo para que esto se esté dando”, dijo.
“Los medios casi todas las semanas publican un caso de toma de tierra en algún lado y es un tema que nos preocupa”, expresó Amador.
El líder empresarial insiste en que la pasividad de las autoridades ante estos casos envía una señal negativa a los inversionistas nacionales y extranjeros “en que no hay un respeto a la propiedad y si el Estado no responde rápidamente para quitar a los invasores de tierra, envía la señal de que cualquiera puede hacer lo que quiera con la propiedad ajena”.
Cosep aún no cuenta con la cantidad de casos, pero Amador recuerda que entre los más recientes que esperan una solución ya que incluso hay disputa con la misma PGR es Punta Teonoste.
PGR INCUMPLE SENTENCIAS
Esta semana varias familias de San Rafael del Sur se presentaron frente a la PGR para exigir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que manda a Estrada a entregar la finca Los Jícaros “A”, ubicada en la comarca El Zapote, municipio de San Rafael del Sur, en el departamento de Managua, que consta de 2,091 manzanas de tierra.
Estrada contestó mediante comunicado de prensa que las tierras son del Estado porque se vendieron mediante procesos “anómalos”, pero que está dispuesto a recibir a José Vicente Loáisiga Toruño, quien reclama la propiedad, para encontrar una solución.
Álvaro Leiva, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, donde acudieron los denunciantes, expresó que esa posición es contradictoria, porque si fuera del Estado no tendría por qué estar negociando. Además dijo que es cosa juzgada, pues ya existe fallo.
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