TEGUCIGALPA/AFP
Honduras adquirió unas 4.000 hectáreas a un latifundista para venderlas en condiciones blandas a 3.500 familias campesinas, a fin de bajar las tensiones por la disputa de tierras en la región El Aguán, que ha dejado unos 80 muertos, informaron este martes fuentes oficiales.
«Cinco fincas ya han sido totalmente traspasadas a cooperativas agrarias del Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA)», anunció el ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), César Ham, en un comunicado del gobierno.
Las tierras fueron compradas a la Corporación Dinant, propiedad del empresario Miguel Facussé, que ha estado en el centro de la sangrienta disputa de tierras en esa región del noreste del país. Facussé también emitió un comunicado en el que expresa su satisfacción por «el traspaso de 3.962,5 hectáreas de tierra en producción de palma africana a 30 empresas asociativas (…) de más 3.500 familias campesinas».
El canciller Arturo Corrales precisó que el financiamiento es de 500 millones de lempiras, unos 25 millones de dólares.
Ham indicó que el gobierno adquirió las tierras con un financiamiento del estatal Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda (Banhprovi), el cual tendrán que cancelar los campesinos en condiciones financieras blandas.
«Estamos trabajando con los compañeros campesinos en la asistencia técnica, la parte empresarial y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las empresas para que esa experiencia sea exitosa y no fracase desde ningún punto de vista, sino que se convierta en un ejemplo», subrayó el ministro.
Más de 80 personas han muerto en el conflicto en la zona del Aguán, departamento de Colón, 600 km al noreste de la capital, que estalló en 2009 cuando miles de campesinos ocuparon vastas extensiones de tierras cultivadas de palma africana, propiedad de terratenientes, entre ellos Facussé, que contrataron guardias privados para protegerlas.
Los campesinos sostienen que la tierra les pertenece porque el gobierno de Honduras se las asignó en la década de 1980 mediante una reforma agraria.
No obstante, en 1992 una ley permitió que vendieran sus parcelas y algunos dirigentes de los agricultores, a espaldas de las bases, las dieron a precios bajos a los terratenientes.
