OSLO/BOGOTÁ/AFP/EFE
“Voceros del Gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, acordamos la instalación pública de la mesa de conversaciones encargada de desarrollar el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
Ayer, el optimismo inicial de los colombianos por el diálogo se evaporó en las redes sociales por la postura de “Iván Márquez”, para quien en las FARC “No hemos cometido crímenes contra el pueblo”, a lo que el exvicepresidente Humberto de la Calle, respondió que las FARC “deberán darle la cara a las víctimas”.
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Así manifiesta un comunicado que entregaron ayer ambas partes en Hurdal, al norte de Oslo, y con el que iniciaron las negociaciones que continuarán el 15 de noviembre en La Habana.
El jefe negociador del gobierno, el exvicepresidente Humberto de la Calle, reconoció que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían “cumplido rigurosamente sus compromisos” y esperó que cesen su lucha armada.
El negociador de las FARC, Iván Márquez, insistió en que “una paz que no aborde la solución de los problemas políticos y sociales (…) equivaldría a sembrar de quimeras el suelo de Colombia”.
Así, el primer “asalto” entre los negociadores dejó ver discrepancias abismales y recordó que el proceso está plagado de dificultades, como lo consideró el analista y académico colombiano Vicente Torrijos.
“Yo creo que hay un gran abismo entre lo que consideran el Gobierno y las FARC que es la terminación del conflicto”, expresó Torrijos, al argumentar que mientras los primeros la entienden como dejar las armas, los segundos la persiguen para garantizar sus objetivos estratégicos históricos.
De la Calle ciñó la discusión a los temas de la agenda: desarrollo rural, las garantías para el ejercicio de la oposición política y el cese del conflicto. Mientras, el número dos, “Iván Márquez”, criticó que “para el Gobierno están primero las transnacionales que las familias colombianas”, propuso revertir los acuerdos de comercio exterior y también llamó a abordar una verdadera reforma agraria en Colombia.
“El modelo económico no está en discusión”, y tampoco la “doctrina militar”, insistió De la Calle, quien advirtió que “si las conversaciones no avanzan, el Gobierno no será rehén de este proceso”.
El gobierno dijo que no tiene el propósito de “catequizar a nadie”, sino que se trata de que las FARC puedan “exponer sus ideas sin el acompañamiento de las armas, y con plenas garantías para su transformación en una fuerza política desarmada”. La guerrilla respondió que “la paz no significa el silencio de los fusiles”, sino que abarca transformar la estructura del Estado y la económica.
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