MARTHA VÁSQUEZ LARIOS
Para el penalista Alberto Novoa, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debieron mantener la tipificación del delito de peculado, y no cambiarlo por estafa, para los dos exfuncionarios que sustrajeron 3.5 millones de córdobas de la Alcaldía de Managua.
“Desde el punto de vista técnico jurídico todo funcionario o empleado público que sustrae dinero o se apropie de bienes del Estado para beneficio propio es autor de peculado o fraude, pero no de estafa, este delito es para los particulares”, explicó Novoa.
Los magistrados de la Sala Penal de la CSJ realizaron el cambio de peculado por estafa, para beneficiar a Mario José Cortez Urrutia y Germán Antonio Palacios Chavarría; a ellos les mantienen la pena reba
jada de cuatro años de cárcel, que les dictó el año pasado el Tribunal de Apelaciones de Managua, en vez de nueve años, a como fueron condenados en primera instancia.
Cortez fungía como contador financiero del área de proyectos de la comuna y Palacios era jefe financiero de esa misma área. Estas funciones les permitía tener acceso a información financiera, cuentas corporativas y control de solicitudes de emisiones de cheques, situación aprovechada para cometer el ilícito; “esto confirma el peculado”, dijo Novoa. El caso tomó relevancia cuando uno de los acusados dijo que el dinero extraído servía para el “Plan Rotonda”, es decir garantizar alimentos a los rezadores que se plantaron en 2009 en las rotondas de Managua, para evitar que los opositores las utilizaran para protestar.
Para el concejal opositor Luciano García esta actitud de la CSJ comprueba que siguen “encubriendo a los verdaderos responsables del robo de ese dinero”. Novoa y García consideran que la CSJ, como superior jerárquico, debió cumplir la sugerencia de la juez de primera instancia, quien dijo que ahí no estaban todos los responsables y mandar a investigar.
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