Carla Torres Solórzano
Las alcaldías municipales en los 153 municipios del país son las instituciones que más personal han despedido: 4,476 empleados municipales.
En la lista continúa el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (Mined) con 3,119 empleados despedidos y en tercer puesto el Ministerio de Salud ha despedido a un total de 2018 empleados.
Además han sido eliminados 156 sindicatos a nivel nacional por denunciar y no apoyar la forma en que se están administrando y conduciendo dichas instituciones públicas.
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El resultado de las elecciones del 6 de noviembre de 2006 llenó de temor e incertidumbre a miles de trabajadores del Estado como un presagio de que pronto se sumarían a la lista de desempleados del país.
La Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep) presentó el Informe de violaciones a derechos constitucionales, laborales, humanos y sindicales del periodo de octubre 2011 al 30 de septiembre de 2012.
Álvaro Leiva, secretario de Asuntos Laborales de dicha federación, manifestó que desde el 2007 hasta el 30 de septiembre de 2012 han despedido 24,330 empleados públicos y municipales.
En el Ministerio de Salud fueron despedidos 2,018 entre médicos, enfermeras y administrativos. Además fueron desintegrados nueve sindicatos a nivel nacional. La mayoría fueron absorbidos por la Federación de Trabajadores de la Salud.
En cuanto a los despidos Leiva explicó que estos se han realizado sin un fundamento legal que los motive y sin el procedimiento que establece la Ley 502, Ley de Servicio y Carrera Municipal y su reglamento, así como la Ley 476, Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa y su respectivo reglamento.
“Esto ha traído como resultado un deterioro y retroceso en la calidad de la función pública, al igual que una inestabilidad laboral hasta la presente fecha en los recursos humanos del Estado de Nicaragua y las administraciones de los gobiernos municipales”, dijo Leiva.
Según el informe los trabajadores públicos y municipales han venido enfrentando un desmedido y comprobado abuso de autoridad reflejado en represalias, discriminación, despidos ilegales, suspensiones de trabajadores, contrataciones ilegales con megasalarios, entre otros.
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