Martha Vásquez
La protesta de los taxistas de una cooperativa independiente ha desembocado en un juicio en el Juzgado Primero Local Penal de Managua, a cargo de Julia Mayorga, quien ordenó ayer cárcel contra cuarenta de ellos que fueron arrestados luego de un fuerte enfrentamiento contra agentes antimotines mientras demandaban aumento de subsidio para combustible.
Manuel Urbina Lara, abogado de cuarenta de los 41 procesados, criticó la decisión de la judicial como “desproporcional” ya que los delitos por los cuales son acusados los taxistas no ameritan cárcel.
Carlos Morales, presidente de la Cooperativa 4 de Mayo, dijo que el paro en la capital está suspendido, porque lo importante es que entreguen a los detenidos y los taxis que tienen retenidos.
COLABORACIÓN ROY MONCADA
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Dichos delitos son: exposición de personas al peligro y obstaculización de funciones contra miembros de la Policía Nacional.
ACTO REPRESIVO
“Este es un acto represivo con la intención de que estos sectores jamás se vuelvan a atrever a protestar por sus demandas sociales. Eso es todo, por eso se ensañan contra ellos”, criticó Lara.
Cabe recordar que la Policía y el sistema judicial no actúan así contra las turbas orteguistas que agreden a los opositores que marchan en las calles contra el régimen.
En febrero del año pasado se utilizó la misma medida contra 24 trabajadores de Enacal que protestaron por la remoción en sus puestos de trabajo como guardas de seguridad, sin previo aviso, violando el convenio colectivo para colocar personal afín al partido gobernante. Estas personas fueron puestas en libertad hasta que firmaron acuerdo con las autoridades aceptando lo planteado por ellos.
Al taxista Lesther Rodríguez también lo acusaron de lesiones y daños en perjuicio del policía Heriberto Castro, por eso le realizaron audiencia por separado en el Juzgado Segundo Local Penal.
La aflicción de los señalados al escuchar la decisión de la judicial fue evidente, ya que muchos de ellos representan la única entrada de dinero en sus hogares.
Vigilados como narcos
La audiencia se realizó bajo fuerte resguardo policial solo comparado con el dispositivo de seguridad utilizado en el caso de la estructura narco de Henry Fariñas. Había más de veinte antimotines resguardando los pasillos de los juzgados y dentro de la sala de audiencia estaban otros veinte, entre ellos el comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional.
El histerismo, el dolor y la impotencia invadió a los familiares y compañeros de los taxistas, que se encontraban en las afueras de los juzgados cuando se dieron cuenta de la decisión judicial.
“Es injusto porque violaron sus derechos de las 48 horas, el fiscal lo dijo, y ahora resulta que nos engañaron porque los trajeron aquí, sin permitirnos verlos ni estar en la audiencia”, expresó María Eugenia Rojas, esposa de uno de los detenidos.
El abogado de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, acompañó a un grupo de taxistas a la Curia Arzobispal donde expusieron a monseñor Boanerges Carballo la situación que enfrentan y solicitaron que la Iglesia católica medie ante el Gobierno para que sean escuchados. Cuevas también criticó la decisión de la judicial.
“Si nos apegamos a estricto derecho los policías (que intervinieron) deberían estar procesados”, expresó Cuevas. Según el abogado de la CPDH, a estos policías bien se les puede procesar por abuso de autoridad y daño a la propiedad por los vidrios que quebraron a algunos taxis.
(Colaboración de Elízabeth Romero).
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