Dos militares acompañan a los pasajeros en las unidades que sirven a las veinte rutas del transporte público con mayor incidencia delictiva en Tegucigalpa para combatir los asaltos que sufren los pasajeros, informó el presidente Porfirio Lobo.
Los conductores y propietarios de los buses deben pagar un “impuesto de guerra” (extorsión) a las pandillas, un cobro que muchas veces hacen policías y el que se niega al pago se expone a la muerte. Honduras, con ocho millones de habitantes, en 2011 registró 92 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más elevadas del mundo según la ONU.
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