BOGOTÁ/EFE
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla colombiana después de las FARC, consideró hoy de que el Marco Jurídico para la Paz, la base legal aprobada por el Congreso para negociar con los insurgentes, «es contradictorio», al reiterar su voluntad de sumarse a las negociaciones con el Gobierno.
Así se expresó esta guerrilla en una carta de respuesta al movimiento Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP), liderado por la exsenadora Piedad Córdoba y que había pedido al ELN unirse al diálogo entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
«Es necesario llenar de propuestas el proceso de paz, sumando su energía al torrente de esperanza y dignidad que para las clases populares significa, pues son ellas las que merecen las mejores condiciones para que la paz no sea la de los cementerios, el hambre y la sumisión», asegura el ELN en su misiva colgada en su web.
Pero advirtió de que el Marco Jurídico para la Paz, aprobado en junio pasado a propuesta del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, «es evidentemente contradictorio».
Este marco jurídico, según el ELN, «no consultó la opinión de la insurgencia, parte natural en el desenvolvimiento de cualquier intento de paz, ni tuvo una verdadera discusión pública».
«Además desconoce principios básicos de derecho y de trato político que deben ser tenidos en cuenta para restablecer las mínimas condiciones hacia una solución racional, participativa, no represiva, ni denigrante», agrega la carta.
«Compartimos que hay quienes proponen un marco que es parar la guerra y desgraciadamente la reforma constitucional que el presidente Santos ha mostrado, como avance para un proceso de paz, no se desmarca de ese enfoque», según la guerrilla.
A su juicio, esta base jurídica «abre la puerta a la impunidad de crímenes cometidos contra el pueblo por políticos, militares, policías y paramilitares; y no reconoce plenamente la realidad del delito político y del derecho internacional».
El ELN considera «un escollo grave mantener una legislación represiva que no sólo va acompasada con operaciones militares y paramilitares contra la población y las zonas de presencia guerrillera, sino que se aplica contra quienes se movilizan a favor de propuestas sociales y políticas».
Y concluye: «hay que humanizar el conflicto mientras perdure, mucho más cuando el Gobierno se niega a cesar el fuego y las hostilidades».
Colombianas y Colombianos por la Paz pidieron al ELN que se sumara al proceso de paz en agosto pasado, inmediatamente después de que Santos anunciara que se había llegado a un acuerdo para negociar con las FARC.
Sin un alto el fuego previo, el Gobierno de Colombia y las FARC abrirán el diálogo formal el 8 de octubre en Oslo para después trasladar la mesa a La Habana. EFE
