En algunas ocasiones se ha escuchado en diferentes medios de comunicación, de parte de funcionarios gubernamentales, el llamado a los representantes del sector privado a no inmiscuirse en los asuntos políticos pues estos no les corresponden, y, por otra parte, se ha oído a los propios dirigentes empresariales señalar que los asuntos políticos no son de su incumbencia, pues lo que les concierne es centrar su atención y acción en los temas económicos y empresariales, a pesar de que en ciertas ocasiones han reclamado el respeto a la institucionalidad.
Pareciera que en sectores gubernamentales y empresariales existe la idea, sea por convicción o conveniencia, de considerar separado lo político de lo económico y no aceptar la posibilidad y menos aún la necesidad de su adecuada interrelación. Esto sin perjuicio de algunos acuerdos a los que ambos sectores puedan llegar dentro de la esfera propia de la función económica. No obstante, la regla general es cada quien a lo suyo, a cada quien lo que le corresponde, zapatero a tu zapato. Si la economía va bien, todo lo demás irá bien por añadidura.
Una concepción semejante mutila la unidad complementaria que debe haber entre los dos términos, y que la propia realidad impone, y desarticula el concepto integral de sociedad que debe contar con la presencia e interrelación de ambos componentes, observando siempre el respeto a las respectivas esferas privada y pública, en lo que a su identidad corresponde.
La actividad política y la económica ha sido considerada parte de la unidad de ambas categorías, diversas pero necesariamente complementarias. Lo político, en lo esencial, contiene lo referente a los derechos fundamentales del ciudadano y a las formas de ejercicio del poder de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes. Lo económico, por su parte, se refiere a lo relacionado con el desarrollo material de la sociedad, el que debería ser, aunque muchas veces no ocurra así, garantía de estabilidad y equidad social.
La consideración de lo político y lo económico, se entrelaza en el tema de lo público y lo privado. Como puede apreciarse, cada una de las categorías mencionadas involucra en ciertas áreas al sector público y al privado, en un solo concepto y en una sola unidad. En el aspecto político, cuando se habla de derechos individuales, ciudadanía, asociaciones profesionales o gremiales, organizaciones de la sociedad civil, se está hablando de entidades de carácter privado, cuyos objetivos en varios casos, son de naturaleza pública y social.
Cuando en cambio se hace referencia a los órganos del Estado y a las instituciones, se está hablando de entidades de carácter público cuyas actuaciones conciernen necesariamente, no solo al sector público, sino al sector privado y en general a toda la sociedad y la comunidad nacional.
Andrés Oppenheimer en su artículo “El proyecto de estatizar la marihuana” (LA PRENSA, 25/08/12) refiere que el presidente de Uruguay, José Mujica, envió al Congreso hace unos días un proyecto de ley que propone que el Estado “asuma el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana”. Y más adelante dice que en entrevista que realizó al presidente Mujica, este señala que “una empresa privada es la que va a vender la marihuana”, y agrega Oppenheimer, “bajo estricto control gubernamental, tal como ocurre ahora con las ventas de bebidas alcohólicas”. Este es un caso que trasciende el ámbito privado, aunque sea la empresa privada la encargada de la venta del producto, pues atañe al interés general de la nación, más allá del sujeto privado que aparezca como responsable de su comercialización.
En el aspecto económico, lo privado puede tener un impacto directo o indirecto en el sector social, en cuyo caso su práctica, respetando su carácter, debe ser regulada, por disposiciones legales en vista de su inevitable incidencia en el interés de una nación, lo que constituye un componente político ligado a la naturaleza económica de la actividad que se realiza.
En otras palabras, lo económico se complementa en su acción, medios y fines con lo político, y este, en tanto ejercicio del poder de acuerdo al sistema legal e institucional, se presenta como la condición indispensable para un normal desarrollo económico y social, pues un sistema jurídico y normativo en el que funcionen las instituciones y en el que el poder respete los límites que la Constitución y las leyes le han establecido, es garantía de seguridad jurídica y estabilidad necesaria para impulsar un sano ejercicio de la función económica y un proceso ordenado de desarrollo integral.
En este sentido, el Msc. Geovani Rodríguez Orozco, refiriéndose al libro del doctor Francisco Laínez, Nicaragua ¿Atrasados para siempre? , expresa: “La tesis de Laínez es consecuente con la doctrina económica neoinstitucionalista para la cual las instituciones desempeñan un papel esencial en el crecimiento económico y representan incentivos para crear una estructura productiva” (El Nuevo Diario, 24/08/12).
Debe haber pues una relación necesaria entre el sistema económico de libertad de mercado y el sistema político democrático, ya que la democracia, según Alexis de Tocqueville citado por Raymond Aron en su libro Essai sur les libertés , es “un estado de la sociedad” más que “un tipo de régimen”. Por ello, “su sentido está íntimamente ligado a la idea de libertad política”. Tocqueville define la sociedad moderna no por la industria, como pensaba Augusto Comte, ni por el capitalismo industrial, como suponía Marx, sino por la democracia que integra en una unidad lo político y lo económico, pues Tocqueville se oponía subordinar la política a la economía.
Tal como dice Montesquieu, citado por Aron, “las repúblicas solo pueden subsistir por la acción de la sociedad sobre ellas”, entendida la sociedad como el espacio en el que se produce la integración y la interacción entre lo político y lo económico.
Lo anteriormente expresado no quiere decir que la sociedad y el Estado no puedan subsistir en un sistema en donde lo político y lo económico, no solo están separados, sino que son contradictorios. Lo que quiere indicar es que donde esto ocurre, la democracia entendida como sistema político, sistema institucional y sistema de valores, está colapsada. El caso de China en donde coexisten contradictoriamente lo económico y lo político, el capitalismo económico, por un lado, y el totalitarismo político, por el otro, es un ejemplo de lo que queremos decir.
Para Tocqueville, y para la Ilustración, la esencia de la democracia es la libertad política, en tanto que para el capitalismo financiero, corporativo y transnacional, la política es solo un instrumento a su servicio.
No se debe, por tanto, establecer una separación absoluta entre lo político y lo económico, pues lo económico es político cuando se trata de temas que atañen a la colectividad y al bien común, y lo político concierne directamente a lo económico, cuando la estabilidad de un país y la posibilidad del desarrollo económico, dependen del comportamiento político del poder de acuerdo a las facultades y límites establecidos en la Constitución y el sistema legal. Desde esta perspectiva, el sector privado no solo tiene el derecho sino el deber de participar activamente en la defensa de la democracia y las instituciones jurídicas y políticas, pues de ello dependen en buena parte las posibilidades de estabilidad y desarrollo integral de la sociedad. Jurista, filósofo y escritor nicaragüense.
No se debe establecer una separación absoluta entre lo político y lo económico, pues lo económico es político cuando se trata de temas que atañen a la colectividad y al bien común, y lo político concierne directamente a lo económico, cuando la estabilidad de un país y la posibilidad del desarrollo económico, dependen del comportamiento político del poder de acuerdo a las facultades y límites establecidos en la Constitución
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