El fiscal departamental Manuel Rugama dijo que le asombraba la actitud de los abogados. ¿Por qué no hacen uso de la ley de información pública? se preguntó.
Señaló que jamás se ha perseguido porque efectúan una labor transparente y prometió atender a los abogados cuando estos lo crean conveniente.
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Ramón Villarreal y Sául Martínez
Los profesionales del Derecho, que integran la Asociación de Abogados de Rivas (Asari), decidieron marchar por las calles de Rivas para demandar ante diferentes instituciones mejor atención y agilidad en los trámites, afirmando que les están poniendo muchos obstáculos para trabajar.
El abogado Noel Ibarra, presidente de la Asari, dijo por ejemplo que “en Catastro los trámites, que según la ley son para 15 días, tardan hasta cuatro meses, en el Ministerio Público solo nos atienden un día por semana, en la Policía no se están permitiendo las visitas jurídicas, aunque la Constitución establece que el reo tiene derecho a conversar con su abogado libre y privadamente y eso no se está dando”.
La marcha salió a las 9:00 a.m. hacia las oficinas de Catastro y siguieron hacia el Ministerio Público.
En la Policía las demandas de los abogados fueron entre otras, que les permitan hablar con sus defendidos, que Auxilio Judicial acate las decisiones que toman los abogados que son nombrados jueces ejecutores, sobre todo en caso cuando hay detenciones ilegales. Los reclamos escritos recibidos por el segundo jefe policial, comisionado Javier Chávez.
En la Dirección General de Ingresos (DGI) los abogados tuvieron que presionar varios minutos para que saliera la delegada departamental a recibir sus peticiones. En la Alcaldía de Rivas fueron recibidos por el alcalde sandinista Wilfredo López Hernández.
La marcha culminó en la PGR, donde los abogados tuvieron que ingresar a tomarse la sede departamental por unos veinte minutos, puesto que nadie salía a recibir sus peticiones. Hasta que salió el procurador auxiliar departamental Edgard Baltodano los juristas concluyeron su actividad.
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