Elízabeth Romero
Aún no están claras las circunstancias en que murieron Miguel Ángel Olivas, de 58 años, y Pedro Ramón Castro, de 50, en un intercambio de disparos con agentes de la Policía en la comunidad El Venado, en Pantasma, Jinotega.
El 26 de julio Olivas había recibido un premio de 6,800 córdobas que le entregó una fundación de desarrollo local por un buen manejo agronómico en su finca. Sin embargo, en sus bolsillos solo encontraron 500 córdobas, según relataron los familiares al funcionario del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Norwin Solano.
El activista de derechos humanos viajó al lugar a investigar el hecho.
Según Solano, ambas víctimas “tenían un reconocimiento claro en la comunidad como personas líderes, honorables”.
Olivas era coordinador de seguridad ciudadana por los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y Castro había sido responsable de prevención del delito.
La tarde del crimen los policías se presentaron a la finca de Olivas buscando armas ilegales; encontrando dos armas, debidamente legalizadas, que no fueron ocupadas. Solano lamentó que no tuvieron acceso a los informes de balística de la Policía ni del dictamen de Medicina Legal. El Cenidh recomendó realizar sus operativos a la Policía con las correspondientes medidas de seguridad, no de noche, sobre todo en un lugar “árido”.
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