Josué Bravo
Corresponsal/Costa Rica
Una comisión de alto nivel integrado por ministros del gobierno de Laura Chinchilla, fue la encargada de tomar decisiones sobre la polémica construcción de la carretera fronteriza con Nicaragua, la cual exigió siempre se manejara con extrema confidencialidad.
Así lo declaró hoy el exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Carlos Acosta, ante diputados de la Comisión de Control y Gasto Público del Congreso, la cual indaga todo lo relacionado a la construcción de esta polémica obra.
Acosta fue separado de su cargo en mayo pasado, tras las denuncias de supuesta corrupción en la contratación de empresas que laboraban en la apertura de la carretera. La Fiscalía costarricense lo investiga por recibir aparentemente dádivas de parte de las empresas contratadas.
Costa Rica empezó a construir la carretera fronteriza de 160 kilómetros hace año y medio, sin diseños ni estudios de impacto ambiental y bajo un decreto de emergencia; alegando supuesta invasión nicaragüense en un humedal que los dos países disputan en la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
“Me citaron a una reunión a Casa Presidencial, donde estaban -entre otros-, el (entonces) ministro de Seguridad, José María Tijerino, Carlos Ricardo Benavides (Ministro de la Presidencia) y el comisionado antidrogas Mauricio Boraschi”, relató Acosta.
“Ahí nos hablaron de la emergencia que atravesaba el país y de la urgencia de que se construyera la trocha (carretera), pero nos pidieron que se mantuviera todo bajo extrema confidencialidad, no podían decretar secreto de Estado, pero querían que hubiera la menor cantidad de personas involucradas”, añadió.
Otros integrantes de la comisión era el entonces Ministro de Transportes, Francisco Jiménez, destituido también en mayo por las denuncias de corrupción, aunque él no tiene responsabilidad en las mismas; y el viceministro de Seguridad, Wálter Navarro.
El comisionado Boraschi, aceptó que en Casa Presidencial hubo una comisión del alto nivel, pero que no manejó aspectos de la carretera sino el conflicto por la lucha de Harbour Head, el humedal en disputa.
“Es absolutamente necesario aclarar que nunca existió una comisión de alto nivel que tuviera como función emitir acuerdos o controlar la trocha fronteriza”, sentenció.
Acosta se defendió al decir que la carretera es un proyecto atípico desvinculado de las funciones del Conavi.
“Es falso que se desarrollara como una obra del Conavi“, indicó; y dice que existe un plan “calculado” para dañar su imagen con los señalamientos de corrupción.
“Lo que me correspondía en el pago de facturas era firmar como director del Conavi, no podía materializar la responsabilidad y determinar si los pagos eran los indicados, puesto que eso correspondía al encargado del departamento del Conavi, que era Manuel Brenes”, dijo.
La construcción de esta carretera ha generado polémica también en Nicaragua, por los daños causados al río San Juan por la sedimentación, según ambientalistas y el gobierno nicaragüense.
