TOCOA, Honduras/AFP
La policía inició operaciones de desarme ayer en el Valle del Aguán, rica zona agrícola del noreste de Honduras, para intentar apaciguar un conflicto entre campesinos y latifundistas por la tenencia de siete mil hectáreas, que dejó 78 muertos en tres años.
En un retén sobre la carretera que une Tocoa y Trujillo, una veintena de policías con armamento pesado detenían todo el tráfico, incluso carros arrastrados por caballos, para detectar y requisar eventuales armas, mientras otros reportes daban cuenta de nuevos intentos de ocupaciones.
Motocicletas que arrastran carros de madera con palma africana, vehículos de doble tracción, convoyes de carros de madera jalados por maquinaria agrícola, o campesinos a caballo… nada escapa al control de los policías.
En los campos aledaños a la ruta la actividad es febril en esta época cuando los campesinos —o los pocos asalariados de terratenientes— cortan los frutos de la palma.
El desarme causa críticas. Este “desarme parcial está blindando las operaciones de los guardias sicarios de los terratenientes”, indicó el dirigente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUC), Yoni Rivas, al referirse a que el decreto permite a los servicios de seguridad privados conservar sus armas.
El portavoz de Dinant, una de las compañías propietarias de las tierras, Roger Pineda, sostuvo que “es difícil hacerse de una opinión clara respecto a si esa medida es adecuada para solucionar el problema”.
El conflicto se origina en una ley de 1992 que permitió a los campesinos vender tierras recibidas durante la reforma agraria, aprovechada por dirigentes cooperativistas corruptos y por grandes hacendados que reconstituyeron latifundios en unas 20,000 hectáreas para plantar palma africana, cuarto rubro de exportación de Honduras.
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