Judith Flores
Lylle Araya Solórzano, accionista de Laboratorios Solka, demandó ayer al Gobierno de Nicaragua ante una Corte Federal, District Court for the southtern District of Florida Civil Division, en la ciudad de Miami, por el incumplimiento en el pago de la compra-venta de ese laboratorio, un acuerdo suscrito entre las partes en el 2008 y que hasta la fecha el Estado nicaragüense no cumple.
La demanda incluye a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, con el propósito de impedir que el Departamento de Estado apruebe la dispensa de la propiedad a Nicaragua, a ser aprobada a finales de julio.
El abogado Alfonso Oviedo, representante de Araya Solórzano, dijo que la Corte notificó este lunes a la secretaria de Estado de la demanda en su contra.
La demanda dice que Estados Unidos no puede otorgarle ningún waiver a Nicaragua debido a que la Ley (Helms-Burton aprobada en 1996) “impide que le otorguen ese beneficio a países que causan perjuicios a ciudadanos estadounidenses. Esa misma Ley ordena el paro del waiver”, dijo el abogado.
En la demanda le solicitan a la secretaria Clinton la no aprobación del waiver de la propiedad al Gobierno de Nicaragua. “Hay un waiver vigente, el del 2011, y a finales de julio se espera que se pronuncie sobre la aprobación de uno nuevo, ya se le notificó a la secretaria Clinton que no aprueben esa dispensa mientras no pague el Gobierno de Nicaragua la deuda que tiene con mi clienta”, expone Oviedo.
El expediente del caso es el 12-22663 y la judicial asignada es Úrsula Ungaro. La demanda es por el incumplimiento de pago de cuatro millones de dólares correspondientes a la venta de la empresa, los intereses que podrían haberse acumulado durante los cuatro años del incumplimiento de pago y las utilidades que generó la empresa desde el 2007, año en que fue intervenida por el gobierno de Ortega, hasta septiembre del 2008, fecha en que se realiza la venta.
Araya Solórzano insistió que su demanda es en su carácter personal como accionista de Solka. “Fuimos despojados de la empresa por segunda vez, luego nos ofrecieron un acuerdo de compra-venta y no quedó otra opción que aceptar porque ya nos habían sacado de nuestra propiedad”.
En la década del ochenta, el régimen militar sandinista confiscó esa empresa, la cual le fue retornada a la familia Solórzano una vez que triunfó la democracia en 1990 con doña Violeta Barrios de Chamorro al frente. El restante cuarenta por ciento se lo adjudicó el Gobierno y los sindicalistas.
“La razón por la que decidí demandar es por el derecho que me otorga la Ley de Estados Unidos como ciudadana de este país y segundo, porque el término para introducir una demanda en Estados Unidos está por vencer en el mes de septiembre, después de cuatro años ya no podría demandar porque la deuda prescribe. En Nicaragua es distinto, la Ley otorga diez años”, dijo Araya Solórzano.
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