Adolfo Acevedo Vogl*
En primer lugar cabe un comentario sobre la propuesta de reducir la tasa del impuesto sobre la renta (IR) empresarial porque esta resulta ser moderadamente alta en términos comparativos internacionales. Desde este punto de vista, la reducción propuesta de la tasa del IR empresarial acercaría esta al nivel promedio de las tasas nominales de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que es del 26.2 por ciento.
Pero existe una diferencia muy marcada: lo que ha hecho posible la reducción de las tasas en los países de la OCDE ha sido una significativa ampliación de las bases mediante la drástica reducción de las deducciones y exenciones admitidas. En América Latina y Nicaragua se ha reproducido la tendencia a disminuir las tasas, pero no la de reducir las exenciones.
Esto nos ayuda a recordar que son las tasas efectivas del impuesto, y no las tasas nominales, las que reflejan la carga tributaria efectivamente soportada. Por aclaración, las tasas efectivas son aquellas que consideran no solo la tasa legal o nominal del impuesto, sino también las disposiciones de la legislación que determinan la base imponible del mismo, en particular las disposiciones relativas a deducciones, exenciones y exoneraciones.
En este sentido, si bien la tasa nominal del IR del 30 por ciento que exhibe Nicaragua parece moderadamente alta en términos comparativos, cuando apreciamos la tasa efectiva esta resulta ser extremadamente reducida: en 2007 correspondió a solo 1.72 por ciento (en comparación, en los EE. UU. la tasa nominal es del 35 por ciento y la tasa efectiva es del 22 por ciento).
El porcentaje tan reducido de tasa efectiva en Nicaragua, en comparación a la tasa nominal, estaría indicando serios problemas en la amplitud de la base gravada, ya que la misma se ve altamente erosionada por la presencia de generosas deducciones, exenciones y exoneraciones. La conclusión resulta ineludible: la posibilidad de tener tasas nominales más reducidas esta indisolublemente asociada a la necesidad de disponer de bases tributarias más amplias, que no sean erosionadas al extremo que lo han sido en Nicaragua por un extenso y oneroso sistema de exenciones.
En términos más simples: si desea reducir las tasas, amplíe las bases. En segundo lugar, debe anotarse que la reducción de la tasa del IR empresarial por sí misma no crea ningún incentivo para la reinversión de utilidades. Si se desea incentivar la reinversión de las utilidades, debe establecerse una tasa más elevada en el caso de que las utilidades se distribuyan como renta personal. El mensaje debe ser claro: si las utilidades se mantienen dentro del círculo virtuoso inversión-reinversión, las tasas serán menores; de lo contrario, cuando salen del círculo y se distribuyen como renta personal, serán gravadas a tasas más altas.
Finalmente, llama la atención que se suponga que una política de mayor reducción de tasas y preservación de las exenciones aumentará la productividad. Durante muchos años gran parte de las empresas no pagó IR. Desde hace tiempo los sectores de la economía donde predominan las empresas más grandes y redituables gozan de exenciones y exoneraciones. Todo esto ha hecho que las tasas efectivas del impuesto sean mínimas.
Pero no se han producido, ni mejoras sistemáticas en la productividad, ni en la calidad del empleo que genera la economía, la cual continúa generando predominantemente empleo precario e informal. En realidad, uno debería preguntarse si esta política de permanentes subsidios tributarios a sectores que de por sí son rentables, más que alentar un proceso continuo de mejoras en la eficiencia general y la productividad de la economía, no terminará alentando más bien el rentismo.
Como se recordará, se denominan “rentas” a las ganancias extraordinarias obtenidas, no a partir de incrementos sistemáticos en la eficiencia sino a partir de la explotación de determinada posición de monopolio o a partir de beneficios concedidos por el Estado (subsidios implícitos o explícitos). Como corolario, se considera “comportamiento rentista” la búsqueda permanente de este tipo de beneficios o privilegios.
Cabe recordar también que un resultado fundamental de la política de sostener durante tanto tiempo este esquema de beneficios y privilegios fiscales, mientras se descuidaba casi por completo el fomento de la modernización, intensificación y diversificación del aparato productivo doméstico y la inversión en capital humano e infraestructura de calidad, ha sido la perdida anual de recaudación por un monto de 500 millones de dólares.
Con esta gigantesca pérdida de recursos, el país jamás podrá efectuar tampoco las inversiones en capital humano, infraestructura básica y protección social, que son indispensables para aprovechar el bono demográfico y prepararse de la mejor manera para enfrenar la fase de envejecimiento poblacional.
La atracción y el aprovechamiento de inversiones en sectores de alto valor agregado y con externalidades tecnológicas importantes que contribuyan efectivamente al desarrollo —en vez de reproducir el subdesarrollo— requiere de un nivel educativo de la fuerza de trabajo, la capacidad nacional de asimilar el conocimiento y la tecnología y la disponibilidad de infraestructura de calidad, lo cual a su vez requiere de inversiones en estos campos que no podrán efectuarse si la recaudación se encuentra limitada por este tipo de beneficios generalizados.
En todo caso, existen mecanismos más efectivos para incentivar la inversión que la simple exención del pago de impuestos por una década entera o más.
(*)Economista
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