El caso se encuentra radicado en el Juzgado Octavo Distrito Civil de Managua, con la juez María Amanda Castellón Tiffer, donde se encuentran pendientes de resolver varios recursos de nulidad absoluta de todo lo actuado por el INSS.
Martha Vásquez
Aquella mañana la paz y tranquilidad se respiraba en la finca La Garzonier, ubicada en Villa Fontana, Managua, pero antes del mediodía dos patrullas de la Policía Nacional con más de 10 agentes llegaron de forma abrupta a la propiedad, con el propósito de desalojar a la familia que habitaba la quinta.
Los niños llegaban del colegio con su mamá Yamileth Aráuz y para su sorpresa la propiedad estaba tomada, por “orden del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social” (INSS), pero después de un forcejeo entre agentes y los propietarios, más la falta de orden judicial, el desalojo fue suspendido.
“El impacto del desalojo aún está en los recuerdos de mis hijos, quienes se levantan asustados por la noche y preguntan por qué nos quieren sacar de la casa donde hemos vivido desde hace años”, expresó Aráuz.
La preocupación de esta familia persiste, ya que consideran que a como lo intentaron ese 6 de octubre del 2011, en cualquier momento volverán a tratar de desalojarlos, ya que existe una solicitud para nombrar un interventor en la propiedad, aunque esta figura “está fuera de lugar”, no les sorprendería que quieran ejecutarla “para despojarlos de la posesión de la propiedad”, refirió Rafael Garzón, uno de los afectados.
“La figura del interventor no aplica en este caso porque no existe ningún negocio o empresa que el interventor pueda administrar para luego rendirle cuenta al juez. Esta es una propiedad domiciliar”, explicó Marco Benavente, abogado de la familia Garzón.
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