Lucía Navas
El asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, considera válida la advertencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), en que el bono salarial a los empleados públicos y el subsidio eléctrico son un riesgo a la estabilidad de las finanzas públicas de Nicaragua.
“Desde el punto de vista técnico tiene validez su inquietud (del FMI) sobre todo en el tema del bono”, admite Arce. Por eso reconoce que el Gobierno debe asegurar una alternativa por si perdiera la cooperación petrolera de Venezuela, que es de donde salen los fondos para el bono y el subsidio. Pero el funcionario reconoce que aún sin fondos petroleros estarían obligados a mantener el bono salarial de 750 córdobas que actualmente se entrega a 165,515 empleados estatales.
Explica Arce que en las discusiones, el FMI les ha hecho saber que este beneficio “va creando costumbre” y si por alguna razón el financiamiento Alba se pierde “la gente nos lo va a demandar para que lo pongamos en la vía presupuestaria”.
“Sí pudiera haber una presión de quienes reciben un bono (salarial) y decir: ‘Ve ya hice mi economía familiar con ese ingreso’”, señala Arce.
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El bono salarial significa al año 1,492 millones de córdobas. Para seguir pagándolo el Gobierno está dispuesto a usar la sobrerrecaudación de impuestos que está percibiendo.
“Menos mal que no la tenemos que absorber ahorita y la podemos destinar (la sobrerrecaudación) a otros programas sociales y mejoras de infraestructura productiva, etc.”, dijo.
MÁS APRIETOS
Pero la dependencia con la cooperación petrolera también tiene su costo para los usuarios de energía eléctrica, pues además de tener que pagar la deuda de 153.6 millones de dólares acumulados para subsidiar la tarifa de los últimos dos años, sufrirían alzas.
“Lo que sí debe quedar claro para la población es que si nosotros perdiéramos ese respaldo y sigue subiendo el petróleo y sigue impactando en la tarifa eléctrica, pues en esa medida a todos nos tocará pagar más energía porque no tendríamos más plata para subsidiar tarifa”, apuntó Arce.
COSEP POR REVISIÓN TOTAL
El FMI le demanda al Gobierno nicaragüense que modere los gastos públicos al advertirle que enfrentará problemas ante una desaceleración de la economía local por la crisis internacional.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), dice que toca revisar la viabilidad y permanencia de todos los subsidios que se entregan, incluido el del transporte urbano que existe desde 2007, pues generan una presión fiscal.
Un tema inmediato que el Gobierno debe resolver, según Aguerri, es si extenderá el subsidio eléctrico a los usuarios de menos de 150 kilovatios hora-mes que sale del Presupuesto de la República, el cual recordó que por ley se vence en abril de 2013. “No diría que se tiene que cortar”, sostiene.
“Así como las exoneraciones no serán quitadas de un día para otro, tampoco vos podés quitar el subsidio de un día para otro y menos a la gente que lo necesita”, agrega.
Pero siendo un tema de presión presupuestaria será incluido en la negociación de la reforma tributaria en marcha.
La posición de Aguerri es que así como se pretende equiparar los impuestos a nivel regional, las políticas de subsidios igual deben estandarizarse.
La situación del sector eléctrico de Nicaragua será discutida en agosto como prioridad entre el Cosep y el Gobierno. Ese mes primero habrá una reunión con Gas Natural, donde la petición de la distribuidora de que se le reconozca más pago por robo de energía será decidida.
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