Elízabeth romero
La Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia (Codeni) se sumó a la demanda de organizaciones que defienden los derechos de los discapacitados. Ellos plantean que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) investigue a los funcionarios judiciales señalados de discriminación.
Hasta ahora hay dos casos donde las víctimas violadas son discapacitadas y no hubo aplicación de la justicia. Según sus defensores en ambos casos hubo discriminación.
Los casos mencionados por Codeni ocurrieron en Jinotega y Ocotal. El más conocido ocurrió en Jinotega donde, según denunciaron en su momento, los representantes de Los Pipitos y la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad, la víctima de violación es sorda.
Sin embargo, la juez de Jinotega que llevó el caso consideró más creíble la versión del abusador que la de la víctima, porque su lenguaje fue de señas.
“Apoyamos la denuncia realizada por Los Pipitos, organización integrante de Codeni, que exige procesos judiciales sin discriminación de los derechos humanos”, dice esa federación en un comunicado.
El documento de Codeni apunta que los operadores de justicia están obligados a cumplir lo establecido en la Ley de Igualdad de las Personas con Discapacidad. Deben respetar el principio de igualdad de las partes durante las declaraciones periciales y testificales de las víctimas.
Codeni señala que la no discriminación está establecida en los compromisos internacionales ratificados por Nicaragua.
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