SAN SALVADOR/AFP
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, conversó ayer, bajo un fuerte operativo de seguridad en una sala del penal La Esperanza, en la capital de El Salvador, con los jefes de las temidas Mara Salvatrucha (MS-13) y Mara 18 (M-18), quienes le prometieron un “simbólico desarme parcial” como “gesto” en una inédita tregua que iniciaron en marzo.
1,077 muertes se evitaron en los primeros 123 días de tregua, y hubo una “reducción significativa” de las extorsiones contra particulares, comerciantes y transportistas, según Raúl Mijango, uno de los mediadores.
50,000 pandilleros andan en las calles salvadoreñas y 9,627 están presos en el hacinado sistema penitenciario del país.
6.1 millones de personas habitan el país, donde la pobreza afecta a un 38 por ciento.
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Insulza no participó en una rueda de prensa en la que los líderes de las maras anunciaron su oferta, pero poco antes, tras salir del encuentro, se declaró “con mucha esperanza”.
“He recibido sus propuestas, estoy muy impresionado de lo que he escuchado, fue una reunión muy importante, es un proceso en marcha (la tregua), pero nosotros le vamos a dar todo el apoyo que sea posible”, afirmó Insulza.
Los cabecillas de las maras se negaron a precisar cantidad o tipo de armas, pero dijeron que las entregarán a Insulza para que se fundan y se construya un monumento, a través del vicario militar Fabio Colindres y el excomandante guerrillero Raúl Mijango, mediadores de la tregua.
Uno de los líderes de la MS-13, Carlos Tiberio Valladares, confirmó a la prensa que directamente pidieron a Insulza que la Organización de Estados Americanos (OEA) “sea garante del proceso (para) que lleve a una paz social”.
Las MS-13 y M-18 han sido vinculadas al narcotráfico y han sembrado el terror en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Al inicio, Funes negó que su gobierno haya negociado con las pandillas, pero reconoció que permitió el traslado de los cabecillas de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca a otros penales para que ordenaran a las “clicas” (células) y se frenara la violencia.
La directora del Instituto de Opinión de la Universidad Centroamericana, Jannet Aguilar, opinó que la baja en el número de homicidios es insuficiente para evaluar la efectividad o eventual sostenibilidad de la tregua, porque las denuncias de desaparecidos aumentan y además urge una política que “privilegie la prevención” y no la represión.
Para el analista y académico Juan Ramón Medrano, el desafío mayor es el “mantenimiento” de la tregua y “evitar que más jóvenes se sumen a las pandillas”. El Estado debe “quitarles” los “territorios que controlan” con proyectos sociales, apuntó.
Pese a que las pandillas decidieron en mayo, como parte de la tregua, cesar el reclutamiento forzoso de jóvenes y declararon los disputados centros escolares como “zonas de paz”, los crímenes y desaparición de estudiantes han continuado, según organismos sociales y de derechos humanos.
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