Disculpen el atrevimiento, pero Brasil, Argentina, Colombia y otros varios países latinoamericanos tienen mucha de la culpa por la reciente salida forzada del expresidente paraguayo Fernando Lugo: han permanecido en silencio ante tantas violaciones a la democracia en Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Cuba que han contribuido a crear un clima de “vale todo” en la región.
La defensa selectiva de la democracia de muchos países latinoamericanos —que ponen el grito en el cielo cuando presidentes de derecha atropellan las libertades democráticas, pero no dicen una palabra cuando presidentes de izquierda hacen lo mismo— ha dado como resultado una constante erosión de la democracia.
El nuevo gobierno paraguayo del presidente Federico Franco, que fue suspendido del Mercosur, argumenta que el Congreso paraguayo actuó estrictamente dentro de los límites de la Constitución cuando depuso a Lugo el 22 de junio.
El artículo 225 de la Constitución de Paraguay permite que el congreso paraguayo enjuicie al presidente “si desempeña mal sus funciones” y si —tal como ocurre en los sistemas parlamentarios— dos tercios de ambas cámaras del congreso votan su destitución. La votación contra Lugo fue de 39 a 4 en el Senado y de 73 a 1 en la Cámara de Diputados.
Pero los críticos señalan —acertadamente— que el procedimiento no cumplió el proceso debido, porque no se le dio a Lugo el tiempo necesario para preparar su defensa. Aunque el artículo de la Constitución no especifica cuánto tiempo se debe dar al presidente, otros artículos dicen que todo individuo tiene derecho “al tiempo indispensable para preparar su defensa”. Lugo había pedido 18 días, pero solo se le concedieron dos horas.
En cualquier caso, los legisladores que orquestaron la destitución forzosa de Lugo deben haber sentido que su “juicio político express” era un pecadillo menor comparado con las violaciones de los derechos democráticos que están teniendo lugar en otros países de la región, sin ninguna consecuencia diplomática.
En las elecciones de 2011 en Nicaragua, no hubo ninguna queja oficial latinoamericana cuando el presidente Daniel Ortega se hizo reelegir para un tercer período presidencial pese a todo tipo de irregularidades. La misión de observación electoral de la Unión Europea afirmó que el resultado electoral fue “opaco”, y que el proceso “fue conducido por un sistema electoral que no era independiente”.
Casi todos los observadores internacionales coincidieron que la candidatura de Ortega para la reelección estaba prohibida por el artículo 147 de la Constitución nicaragüense, que prohíbe la reelección consecutiva, o por más de dos períodos. Pero Ortega consiguió que los jueces sandinistas dictaminaran —en un procedimiento ilegítimo— que la cláusula constitucional no se aplacaba en este caso.
De manera semejante, tampoco hubo quejas latinoamericanas cuando el presidente venezolano Hugo Chávez inhabilitó sin debido proceso a más de 270 líderes opositores en las elecciones para gobernadores estatales de 2008.
Tampoco hubo reclamos regionales cuando Chávez decidió no renovar la licencia de la cadena televisiva independiente RCTV, ni cuando desconoció la voluntad de los votantes venezolanos, que en 2008 eligieron al candidato opositor Antonio Ledesma como alcalde de Caracas. Tras la victoria electoral de Ledesma, Chávez creó un nuevo cargo por encima del alcalde de Caracas, y le quitó a Ledesma casi todos sus poderes, y virtualmente todo su presupuesto oficial.
En Bolivia, durante los últimos cuatro años el presidente Evo Morales ha encarcelado o enviado al exilio a casi todos los gobernadores estatales opositores, sin someterlos a los procedimientos señalados por la ley. Al menos cinco gobernadores opositores, incluyendo a algunos excandidatos presidenciales de la oposición, han sido encarcelados u obligados a salir del país sin debido proceso.
Y el dictador militar de Cuba, Gen. Raúl Castro, en lugar de ser presionado para que permita elecciones libres, ha sido recibido con creciente calidez por los muchos de los presidentes que hoy denuncian la destitución de Lugo. En la reciente Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, casi todos los países de la región amenazaron con no asistir a futuras cumbres entre Estados Unidos y Latinoamérica si Cuba no es invitada.
Por absurdo que parezca, Cuba —que no ha permitido elecciones libres en más de cinco décadas— retiró su embajador de Paraguay la semana pasada, señalando en un comunicado que la isla “no reconocerá autoridad alguna que no emane del sufragio legítimo y el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo paraguayo”, informó la agencia EFE.
Mi opinión: La destitución del expresidente paraguayo Lugo estuvo mal y —aunque no es tan claramente violatoria de la ley como el golpe de Honduras en 2009— merece la condena de la región.
Pero la indignación selectiva de Brasil, Argentina, Colombia y otros países por la violación de los principios democráticos en la región ha promovido este tipo de conductas. Es hora de que los países alcen la voz contra todas las violaciones de los principios democráticos, ya sea en Paraguay, Honduras, Nicaragua, Venezuela o Cuba.
El autor es corresponsal extranjero y columnista de The Miami Herald y El Nuevo Herald.
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