Lucía Navas
De cerca siguen los personeros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el tema de la dispensa o waiver de la propiedad que el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) tiene previsto decidir si da o no a Nicaragua. El anuncio se conocerá a por ley el día 29 de julio.
La representante del BID en Nicaragua, Mirna Liévano de Marques, evitó emitir una posición sobre si Nicaragua cumple las condiciones para obtener la dispensa. Se limitó a decir que esperan “una resolución favorable” que les permita continuar con los programas de cooperación.
EL PESO DE LA DECISIÓN
“Definitivamente (es importante) porque según la legislación norteamericana, cuando no se da un waiver, los directores de ese país en todos los directorios de los organismos multilaterales tienen que dar su voto no favorable para los préstamos al país”, afirmó Liévano.
Cada año el Gobierno de EE. UU. debe resolver dos dispensas a Nicaragua. La primera sobre transparencia fiscal no se obtuvo este año por considerar que existen irregularidades en las finanzas públicas. Debido a esto se cortó la cooperación bilateral por tres millones de dólares destinados en el Presupuesto de la República de 2012 afectando programas de salud, medioambiente y seguridad.
85.5 millones de dólares es el monto total entre donaciones y préstamos contemplado en el Presupuesto General de la República de 2012 a recibir de parte del BID. Estos fondos no incluyen el financiamiento al sector privado.
81.8 millones de dólares aproximadamente recibirá el Gobierno en concepto de préstamos de parte del BID.
3.7 millones de dólares representan las donaciones del organismo.
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Ahora está pendiente la segunda dispensa relacionada con los reclamos de propiedad de ciudadanos estadounidenses que fueron confiscados en la década de los ochenta, por el primer gobierno sandinista. Hasta junio la Procuraduría General de la República había resuelto 64 reclamos y quedan pendientes 337 casos.
PESA EL TEMA DE AL INSTITUCIONALIDAD
El gobierno de Estados Unidos ha permitido la dispensa a Nicaragua desde que se implantó por ley a mediado de los años 90, sin embargo el tema se ha visto complicado este año por los fraudes electorales del 2008 y 2011 y porque el gobierno del inconstitucional presidente Daniel Ortega se niega a elegir a los funcionarios del Consejo Supremo Electoral de acuerdo a como lo manda la Constitución.
“El BID es uno de los más interesados en dar seguimiento a cómo evolucionan estos hechos”, expresó Liévano este jueves en la última conferencia de prensa como representante del organismo en Nicaragua, pues a finales del mes será trasladada a la sede en Washington.
Debido a que esta resolución marca el futuro de la relación del BID con Nicaragua, se está “a la expectativa de las negociaciones que se están realizando, de las demostraciones que el Gobierno está haciendo de su resolución de casos (de reclamos de propiedad), del análisis político de la situación y de las negociaciones directas con el gobierno de EE. UU”.
Liévano aclaró que de no obtenerse el waiver se afectará los programas futuros que se definen en la estrategia país para los próximos cinco años, pendiente de determinar los fondos.
OTRA AFECTACIÓN
¿Por qué es importante este respaldo? El economista, Adolfo Acevedo, en sus constantes análisis ha referido que no solo es por los recursos que podrían perderse, “sino porque, en caso de no otorgarse la dispensa, los empresarios e inversionistas podrían verse presas del temor y la incertidumbre, y sencillamente posponer sus inversiones, lo cual impactaría sobre la tasa de crecimiento de la economía” nicaragüense.
Igual recuerda que se bloquearían los préstamos recibidos por el Banco Mundial y un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El promedio de recursos provistos por año del BID y del Banco Mundial ha sido cerca de 300 millones de dólares. Acevedo cree que el monto podría compensarse vía recaudación de impuestos.
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