Todos los nicaragüenses hemos soñado con ver pasar los barcos entre los dos océanos a través de nuestro territorio, que a como bien se ha señalado a lo largo de la historia, reúne características únicas para desarrollar un proyecto de esta envergadura.
La Ley de Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua, actualmente en proceso de consulta en la Asamblea Nacional, es un primer paso necesario que se debe dar para en primer lugar, buscar los fondos que procuren estudiar seriamente la viabilidad y sostenibilidad a largo plazo de este proyecto y cuál sería la ruta más idónea y en un segundo término, para la construcción y operación del mismo.
El anteproyecto de ley, que seguramente será aprobado en los próximos días con algunas modificaciones, establece que los inversionistas extranjeros podrán tener un máximo de un 49 por ciento de las acciones de la empresa, no obstante aportarán la totalidad del capital y tecnología necesaria para su construcción, mientras el Estado de Nicaragua se reservará el 51 por ciento y aportará los recursos naturales.
Si bien este planteamiento suena lógico del punto de vista nacionalista, convierte este nuevo intento de hacer realidad un sueño dorado de nuestra historia, en un proyecto poco realista, a como bien lo señalaba el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, durante su comparecencia en la comisión dictaminadora, quien dijo que no era conveniente ponerle a la Comisión encargada de buscar los fondos, una “camisa de fuerza”.
Es muy improbable, que en estos dorados tiempos aparezcan inversionistas bonachones dispuestos a embarcarse en semejante empresa a cambio de un porcentaje tan bajo del capital accionario, al menos que tengan no tanto intereses económicos sino geopolíticos.
Los panameños, que son el único ejemplo en el mundo de un proyecto semejante desarrollado por capital extranjero, consesionaron parte de su territorio por cien años y al final, no solo tienen su canal, sino que con las ganancias que produce se embarcaron en un ambicioso pero realista proceso de ampliación y la economía panameña es hoy en día, una de las más prósperas y de mayor crecimiento de América.
Una vez resuelto este primer eslabón que es el financiamiento para los estudios de factibilidad, que no es nada despreciable, habría que resolver los grandes retos ambientales que una empresa de esa magnitud necesariamente plantea.
El primer gran reto es la reforestación de toda la cuenca hídrica del Lago de Nicaragua que se encuentra degradada, para que el canal pueda ser viable, el canal necesitaría un enorme flujo de agua incremental, no solo para el cruce de los barcos, sino para los proyectos de riego y generación de energía que este megaproyecto contempla.
El segundo gran reto, es que cualquier ruta que se escoja, pasa necesariamente por el Lago de Nicaragua, el principal recurso de agua potable de Centroamérica y un flujo de barcos de gran calado por sus aguas plantea grandes riesgos. El primero es que habría que hacer un gigantesco dragado en casi todo el curso del canal, en lago abierto (con olas y vientos), no en aguas protegidas para llevar su profundidad media que es entre 9 y 15 metros a más de 23 metros de profundidad, por un ancho de vía de mas de 300 metros, para darle cabida a los barcos de envergadura Nicamax, que contempla el anteproyecto de ley.
Si se logra realizar este megadragado, sin causar un trastorno mayor a la calidad de las aguas del Lago, lo cual es muy improbable, está el reto permanente de que los megabarcos que cruzarán el lago a lo largo de los años no se salgan de la estrecha vía o canal dentro del lago, que vaya a producir un catastrófico derrame de petróleo. El autor es diputado de la BDN y Presidente de la Comisión de Turismo
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