BUENOS AIRES /AP
La crisis política en Paraguay desatada tras la cuestionada destitución de Fernando Lugo acaparará la atención en la cumbre de mandatarios del Mercosur que se celebrará este viernes en Argentina, donde por primera vez un país miembro del bloque podría ser sancionado.
La destitución de Lugo en tiempo récord el 22 de junio y la consecuente indignación de sus vecinos por lo que calificaron de irregularidades en el procedimiento dejó en segundo plano las disputas comerciales entre los socios del bloque.
Es muy posible que en la cumbre apliquen sanciones a Paraguay, según analistas consultados por The Associated Press. La participación paraguaya en la cita fue rechazada luego de que el vicepresidente Federico Franco asumió el poder en reemplazo de Lugo.
«Es imprescindible que los demás miembros del Mercosur sean muy estrictos con lo sucedido en Paraguay», dijo a la AP Jorge Taiana, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y canciller de Argentina entre 2005 y 2010, bajo la presidencia de Néstor Kirchner y el primer mandato de su viuda y sucesora, Cristina Fernández.
Para Mauricio Claverí, de la consultora Abeceb.com, la crisis de Paraguay dejó en un segundo plano de la discusión los asuntos comerciales y se desconoce si se tratará un posible aumento del arancel externo común del bloque, tal como preveían analistas.Claverí señaló que lo más probable es que Franco sea objeto de una «fuerte presión política» de los otros líderes sudamericanos para que Paraguay «se reencauce democráticamente».
Las próximas elecciones están programadas para abril de 2013 y Franco aseguró que completará el periodo de gobierno de Lugo cinco años que finaliza el 15 de agosto de ese año. Lugo fue destituido por el Senado en un juicio político para el que tuvo menos de un día para preparar su defensa.
Al principio el ex obispo católico aceptó la decisión de los legisladores, pero ahora encabeza un pequeño y simbólico gobierno paralelo con la intención de recuperar el poder, pero aclaró que no gestiona sanciones internacionales que puedan perjudicar a la población.
Luis Berensztein, director de la consultora Poliarquía, dijo a la AP que «hay una sobre reacción muy fuerte (de los países sudamericanos) que no considera que la democracia paraguaya venía sufriendo una crisis de gobernabilidad» ya que «el presidente estaba muy debilitado».
Señaló que «en vez de debatir los temas más serios de la democracia en América Latina es probable que esto termine simplemente en condenas retóricas y un discurso antigolpista, cuando la verdad es que lo que hay aquí no es una amenaza de golpe sino un problema de funcionamiento de las instituciones democráticas». Taiana recordó que el Mercosur fue muy crítico con el golpe en Honduras en junio de 2009.
«Esto es una repetición de aquello. El precedente fue nefasto y ya entonces todos pensábamos en Paraguay», señaló.
Lugo tenía previsto acudir a la cumbre pero finalmente decidió no hacerlo para no presionar a los mandatarios del bloque, luego de que el gobierno de Franco le advirtió que en caso de intervenir en las deliberaciones se exponía a acciones legales.
Argentina, Brasil y Uruguay -miembros plenos del bloque económico- y los países asociados -Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú- expresaron su «condena a la ruptura del orden democrático» ocurrida en Paraguay y suspendieron al nuevo gobierno paraguayo del derecho de participar en la cita en Mendoza.
Franco alega que la destitución de Lugo fue constitucional. En tanto, la cancillería paraguaya rechazó la decisión del Mercosur de dejar de lado a Paraguay en el encuentro regional al señalar que fue adoptada «obviando los procedimientos regulares y sin que se haya dado oportunidad alguna al Estado afectado para pronunciarse sobre el particular».
Taiana indicó que en la cumbre los presidentes Fernández de Argentina, Dilma Rousseff de Brasil y José Mujica de Uruguay, deben acordar «hasta dónde van en la aplicación de sanciones» a Paraguay, «cuáles (serán) y por qué plazo».
Será la primera vez que se aplica en el seno del Mercosur el Protocolo de Ushuaia de 1998 que contempla que en caso de ruptura del orden democrático en un Estado parte, los demás miembros plenos promoverán consultas entre sí y con el país afectado.
