AFP
Cientos de indígenas llegaron ayer a La Paz, donde recibieron un caluroso recibimiento especialmente de la clase media, tras dos meses de caminata para exigir la anulación definitiva de un proyecto vial que atraviesa la Amazonia boliviana, en un nuevo reto para el presidente Evo Morales.
El servicio de seguridad pública, compuesto por 35 mil efectivos, estaba reanudado en el país luego de un acuerdo salarial firmado con el Gobierno después de seis días de motín y agitación callejera de policías rasos, muchos de ellos enmascarados, que provocaron violencia.
“¡El Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, donde habitan los indígenas) no se toca!”, “¡Tipnis sí, coca no!”, coreaban transeúntes en medio de un ambiente de fiesta que les duró poco, puesto que cuando la columna intentaba manifestarse en la Plaza de Armas, lugar que representa el poder político porque alberga los edificios del Gobierno y el Congreso, fueron reprimidos con gases lacrimógenos por la Policía.
La unitaria Central Obrera Boliviana (COB) le dio también la espalda por considerar que sus planteamientos atentan contra las actividades mineras, el sostén de la economía. El Gobierno tampoco ha dado indicios de querer abrir negociaciones de inmediato. Los indígenas pretenden quedarse hasta lograr su objetivo.
El vicepresidente Álvaro García consideró en rueda de prensa que en el “conflicto (policial) de alta peligrosidad” hubo “políticos infiltrados que quisieron llevar esta protesta legítima a fases escalonadas de golpe de Estado”. Por su parte, el líder del opositor movimiento Sin Miedo (SM), Juan del Granado, exaliado de Morales, consideró que el Gobierno “sufre de una paranoia golpista”.
El supuesto plan conspirativo denunciado por el Gobierno incluyó la marcha de los indígenas que tuvieron que retrasar un día su ingreso a La Paz para evitar que el Gobierno continúe ligándolos con planes subversivos.
“La marcha tiene una plataforma de demandas relativas a los derechos constitucionales de los indígenas” y “no contravienen las normas legales”, enfatizó Bertha Bejarano, una de las lideresas de la protesta.
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