Mabel Calero
La eficiencia y beligerancia algunas veces se ven lesionadas por el raquítico presupuesto del Ministerio Público. Los fiscales reconocen que los recursos son tan mínimos que los limita a realizar con calidad sus funciones.
07 fiscales hay en Jinotepe, cuatro en Diriamba y uno en San Marcos, estos mismos deben organizarse para darle cobertura al resto de municipios.
04 fiscales más se necesitan en Carazo, especializados para atender los casos relacionados a la Ley 799, contra la violencia a la mujer.
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Roberto Rocha Zamora, es fiscal de Juicio de Distrito de Diriamba desde hace 10 años, desde que entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, aunque asegura que le gusta su trabajo dijo que hay serias limitaciones, desde el gasto de las fotocopias hasta los costos de movilización.
“Un ejemplo es cuando el juez emite fallo y sentencia, el fiscal tiene que garantizarse una copia de la sentencia, entonces tenés que sacar de tu bolsillo para las copias y eso va en detrimento de su salario; a veces pasa que el fiscal se queda en juicio de noche, qué puede hacer si no tiene un vehículo, la mayoría de los fiscales no somos de Carazo y hay juicios que llegan hasta la madrugada, en que transporte se va a mover y a esto se le suma que la institución no te da para combustible, ni tampoco me pagan la depreciación, no es como los jueces que la Corte les da un viático por depreciación del vehículo y le da cupones de combustible”, asegura Rocha.
“Sucede que cuando vamos a notificar a una víctima que tenga su domicilio fuera del casco urbano, es difícil porque solo hay un notificador, entonces el fiscal le llama a la víctima, y los minutos no te los regalan, el fiscal tiene que gastar de su salario para cumplir con su trabajo”, asegura Rocha.
Por su parte Roberto Gaitán, fiscal departamental mantiene que otra de las debilidades es la carga de trabajo de los fiscales puesto que al mes se atienden más de mil casos entre el juzgado local y el de distrito.
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