EL CAIRO/AFP
El expresidente Hosni Mubarak “está clínicamente muerto”, indicó ayer la agencia oficial Mena, tras un ataque cerebral que sufrió. “Fuentes médicas dijeron a Mena que su corazón dejó de latir y no respondió a la desfibrilación”, agregó.
Un poco más tarde, una fuente médica indicó que Mubarak estaba “en coma”. “Los médicos intentan reanimarlo. Está con asistencia respiratoria”, precisó.
El ex “Rais”, condenado a cadena perpetua por no haber impedido la matanza de 850 personas que participaban en las protestas a principios de 2011 provocando su derrocamiento, había partido poco antes desde la prisión de Tora, en el sur de El Cairo, donde cumplía condena, hacia el hospital militar Maadi, a unos kilómetros de allí.
Mubarak había sido sometido a una desfibrilación en dos ocasiones el 11 de junio tras dos ataques cardíacos. Su salud habría comenzado a declinar tras su encarcelación, fuentes de seguridad indicaron que sufría depresión aguda, que tenía dificultades respiratorias e hipertensión.
El anuncio sobre la gravedad de Mubarak sucede cuando miles de egipcios se manifiestan en El Cairo para denunciar el “golpe de Estado constitucional” de los militares en el poder, que se arrogaron amplias prerrogativas que les permite controlar el país independientemente de los resultados de la elección presidencial.
Las manifestaciones fueron convocadas por organizaciones juveniles prodemocráticas y los Hermanos Musulmanes, primera fuerza política y rivales históricos de los militares que dominan el país desde 1952.
Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), en el poder en Egipto desde la caída de Hosni Mubarak, anunció el lunes que entregará el ejecutivo al futuro presidente antes de fin de mes, pero mantendrá el poder legislativo, tras la disolución de la Asamblea del Pueblo. La disolución fue pronunciada el sábado sobre la base de un dictamen judicial que invalida el modo de escrutinio de las legislativas celebradas entre noviembre y enero.
Los Hermanos Musulmanes y los partidos “revolucionarios”, compararon la disolución con un “golpe de Estado constitucional”, en beneficio de los generales del CSFA que hace de la presidencia un envoltorio vacío. El ejército se reserva el derecho de intervenir en el proceso de redacción de la futura Constitución, entre otros cambios.
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