Lucydalia Baca C. y Lucía Navas
Los sectores productivos aseguran que demostrarán al Gobierno que para garantizar el crecimiento de la producción de alimentos es necesario mantener los beneficios fiscales que actualmente reciben. Tan convencidos están de que podrán convencer a las autoridades, que no descartan que una vez aprobada la reforma a la Ley de Equidad Fiscal, que comenzará a discutirse el próximo mes, estos beneficios incluso aumenten.
El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, prefiere pensar que el asesor económico de la presidencia Bayardo Arce “se equivocó” al decir que la intención de la reforma es bajar el techo exento del salario, pero si ese fuera el objetivo, Cosep se opondrá a la medida.
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Según Mario Amador, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), cada sector ha contratado equipos de asesores legislativos, económicos y fiscales, que demostrarán el efecto de los incentivos fiscales que reciben.
“Nicaragua es un país con un sesgo antiexportador fortísimo. La carga impositiva más alta de Centroamérica y una cantidad de obstáculos que nos restan competitividad. Entonces estamos en una campaña para comprobarle al Gobierno que si no fuera por estos beneficios, probablemente el país estaría más a la zaga de lo que está ahora”, subrayó Amador.
RETRIBUCIÓN
Desconocen cuánto significa para el país otorgar estas exenciones y exoneraciones al sector agropecuario, pero consideran que lo importante es cuantificar la retribución que por ellas obtiene el país.
“Si no fuera por ellas no estaríamos hablando de exportaciones que superan los dos mil millones de dólares, que ya casi somos autosuficientes en producción de arroz y ‘excedentarios’ en la producción de carne, leche y otros productos”, asegura Amador.
Manuel Álvarez, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), y Amador coinciden en que la reforma es necesaria, pero para buscar entre los sectores que no pagan o los que usan inadecuadamente algunos beneficios. Estiman que si el Gobierno necesita recaudar más recursos, dónde debe buscar primero es en las aduanas, ya que ahí es donde más defraudaciones fiscales se registran, las cuales podrían superar los 150 millones de dólares, dijo Amador.
Álvarez confía en que al corregir estas deficiencias al sistema tributario, la reforma incluya beneficios adicionales a los existentes, para garantizar la competitividad del sector.
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