José Adán Silva
La investigación encontró que no existe una clara política institucional de disponibilidad de información a la ciudadanía.
Salvo el Banco Central y el Ministerio de Salud, las otras 36 instituciones públicas no se caracterizaron —en general— por el amplio acceso a la información.
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¿Cuál ley de acceso a la información pública? Un estudio del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), sobre el acceso y disponibilidad de la información sobre contrataciones públicas, reveló que la mayoría de instituciones del Estado incumple el mandato de brindar información pública solicitada por la ciudadanía.
El estudio Acceso y Disponibilidad de la Información sobre Contrataciones del Sector Público, de la investigadora Dayra Valle, constató en vivo una realidad que a diario sufren los medios de comunicación no oficialistas: las instituciones o no brindan la información, o la brindan a medias o desinforman. El estudio cubrió a 38 entidades de un universo de 58 oficinas públicas, que representan el 90 por ciento del aparato estatal.
El objetivo era determinar el estado de transparencia en las contrataciones del sector público, por medio del análisis de las condiciones de acceso y disponibilidad de la información en las oficinas estatales y gubernamentales. El resultado fue contradictorio: según la investigadora Valle, por una parte hay un marco normativo que obliga a las instituciones a brindar información; hay oficinas especiales para tramitar la petición pública y hay sitios de acceso electrónico del Estado donde se puede encontrar algún tipo de documentación.
Pero por otra parte, la mayoría de las entidades (el 76 por ciento, 29 de 38), presentan debilidades para brindar información en materia de contrataciones.
El 47 por ciento (18 entidades) no cuenta con oficinas de acceso a la información y de las entidades que sí poseen una ventanilla, 70 por ciento no prestan condiciones tal como lo establece la Ley 621.
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