Caracas/EFE
“En 2006 por estas fechas la campaña ya estaba totalmente desplegada. Hoy tenemos la campaña casa por casa de Capriles, la enfermedad de Chávez y sus anuncios de ayudas sociales, pero no a Chávez plenamente en campaña”, explicó Luis Vicente León, presidente de Datanálisis.
El analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Nicmer Evans, no considera desmesurado el número de indecisos y acusa “a las encuestadoras que asesoran” a Henrique Capriles, de vincular a los indecisos con “el hecho de que Chávez esté enfermo”.
Para Ángel Álvarez, doctor en Ciencias Políticas, en los indecisos “hay prochavistas incondicionales de Hugo Chávez que no votarían por cualquier otro candidato, quien quiera que sea, y otros más pragmáticos que votarían por otro candidato que no fuera Chávez, pero no saben quién es”.
Otro factor que suma indecisos es, según la presidente de DataStrategia, Carmen Beatriz Fernández, el llamado “voto oculto” de aquellos electores que en las encuestas no manifiestan su preferencia porque “se están beneficiando” de las misiones sociales con que el Gobierno ayuda a los sectores más desfavorecidos.
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Sindicatos identificados con la oposición denunciaron ayer presiones para que funcionarios públicos o de empresas del Estado paguen un día de trabajo para el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del presidente Hugo Chávez.
“Es una autorización escrita. Los trabajadores, como se sienten presionados, la firman”, aseguró el sindicalista Yuris Hernández, de la organización obrera de la estatal Sidor, la principal metalúrgica venezolana. Se trata de “una práctica del PSUV que no es nueva”, añadió, aunque admitió que habitualmente “se hace esto con el personal de confianza o nómina de conducción” de Sidor y de otras empresas y oficinas estatales.
La denuncia de Hernández coincide con las que han efectuado en la prensa nacional la Federación Única de Trabajadores Petroleros y el Frente Autónomo de Defensa del Empleo.
En Venezuela los partidos están facultados a recaudar recursos para financiar sus gastos, en este caso la campaña para las elecciones presidenciales del 7 de octubre. La única vigilancia estatal se limita a “un sistema de control del Consejo Nacional Electoral sobre cuánto espacio tiene cada partido para propaganda en televisión (…)”, explicó el diputado del Parlatino y dirigente del PSUV, Rodrigo Cabezas.
Indicó que “es absolutamente falso, un infundio absoluto y absurdo” ese tipo de acusaciones, que, dijo, tratan “de desacreditar la campaña de financiación” que recientemente efectuó el PSUV.
“Solo los altos funcionarios, es decir, los ministros, los viceministros y los diputados, además del presidente, llenamos una fórmula para domiciliar en los bancos el descuento de diez por ciento” de los ingresos de cada uno, informó Cabezas.
“Aquí, en Venezuela, se acostumbró a los descuentos por nómina y ahí sí que eran obligados, pero en el PSUV, por razones de principios socialistas y en una decisión unánime, prohibimos en 2008 tal práctica porque el aporte debe ser voluntario”, remarcó.
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