Por: Lucía Navas
¿Qué ambiciona obtener el Gobierno con una nueva reforma a la Ley de Equidad Fiscal? La respuesta se sabrá esta misma semana cuando oficialmente el Gobierno haga pública su propuesta de reforma tributaria.
Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, dijo el jueves que terminaban de “revisar las fichas técnicas” para entregar la propuesta al sector privado. Acosta anunció que esta misma semana “ya estaríamos trabajando ese tema”, pues la reforma debe quedar aprobada antes de octubre para que entre en vigencia con el Presupuesto General de la República de 2013.
El asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce y el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Alberto Guevara, dejan claro que se revisarán todas las exoneraciones y exenciones fiscales, y sostienen que es momento de darlas solo a aquellos sectores productivos que realmente aportan a la buenandanza de la economía.
Aunque dicen se les hace difícil hablar sobre una propuesta que aún desconocen en detalle, los empresarios y productores se expresan en “pie de lucha” para no permitir que les carguen con más impuestos ni que les limiten los incentivos fiscales de que gozan actualmente.
LO QUE UNOS QUIEREN, OTROS LO RECHAZAN
Las confederaciones sindicales están listas a negociar. Respaldan la iniciativa de dar exclusivamente los incentivos fiscales a las pequeñas y medianas empresas y asociaciones de trabajadores por cuenta propia.
Para las grandes compañías nacionales exigen que paguen el 30 por ciento del Impuesto sobre la Renta (IR) sobre sus utilidades netas.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) busca todo lo contrario pues considera viable disminuir el IR “al 25 por ciento o más”. Revisar el peso del Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) es otro objetivo del sector empresarial.
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, dice que debe analizarse el listado de productos grabados con esta tasa para determinar dónde concentrarlos y quitarlos a aquellos productos que representan un peso innecesario al proceso productivo de las empresas.
Para Adolfo Acevedo, economista, deben evitarse al máximo los privilegios fiscales y tratamientos especiales, pues además de violentar el principio de generalidad y neutralidad del sistema, “conllevan una pérdida de recaudación que para 2010 fue estimada en alrededor del 8.4 por ciento del PIB, equivalentes a casi 500 millones de dólares”.
“Cabe destacar que es la pérdida más alta de recaudación provocada por regímenes de exenciones y exoneraciones en toda América Latina”, resalta.
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El economista Adolfo Acevedo afirma que para definir los cambios viables se debe partir de analizar “las debilidades básicas que pueden detectarse en el diseño y la aplicación” de IR y el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), para conseguir que el sistema sea “más eficiente y equitativo”.
DEFIENDEN EXENCIONES Y EXONERACIONES
La Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) ya empezó a cabildear en la Asamblea Nacional para que se mantenga la exoneración del pago del IR a las nuevas inversiones de proyectos de energía renovables por un período entre 6 y 7 años.
Asimismo, buscan mantener el beneficio a los proyectos existentes que hagan ampliaciones y mejoras de su capacidad de generación eléctrica. “Es una de las pocas formas que vas a lograr inversiones en el sector porque en energía renovable son millonarias”, defiende Mario Amador, presidente de Cadin.
¿Qué beneficio deja al país?
Amador responde que la exoneración de unos siete millones de dólares a los proyectos renovables los últimos años significó al país un ahorro por 100 millones de dólares, al haber reducido la compra de derivados del petróleo para generar energía eléctrica.
Felipe Argüello, director ejecutivo de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), defiende que se mantenga la exención del 15 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a todos los insumos para uso agropecuario. Cualquier cambio, dice, impactará directamente en el costo de la canasta básica.
Upanic ve urgente cambiar el sistema. “Lo correcto es que esté exonerado el producto, no el productor en particular, porque, por ejemplo, una bomba de fumigación para las labores de siembra nadie más que un agricultor la necesita”, plantea.
APENAS EL INICIO
“Mantengo la posición que la reforma tributaria debe ser integral, donde su objetivo no sea simplemente recaudatorio”, afirma José Adán Aguerri, del Cosep.
Considera que la propuesta del Gobierno sea “el puerto de embarque, no de desembarque”, donde es indispensable para el debate que Hacienda presente un informe sobre el impacto específico de la reforma del año 2009.
Quieren saber en detalle en qué se están invirtiendo los impuestos; si solo se usan para el gasto social o en inversión pública que dinamice el desarrollo económico.
Aguerri afirma que esta vez presionarán por “un cambio integral” que busca “homogeneizar” el Sistema de Tributación de Nicaragua con el del resto de Centroamérica.
En los otros países del istmo la carga tributaria representa entre 10.9 y 15.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de los países. En Nicaragua es el 21.1 por ciento en relación con el PIB, siendo la más alta del promedio latinoamericano, refleja la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Ampliar la base de contribuyentes para el Cosep es imprescindible. “Debemos asegurar meter a más sectores que hoy no pagan atacando la informalidad”, dice Aguerri.
“No me refiero atacar a los comerciantes chiquitos que hay en los mercados, sino que ahí hay comerciantes que no tienen nada de pequeños pero son tratados como tales, y esto debe ser parte de la discusión de la reforma”, señala.
Y es que el pago de los tributos recae sobre un “reducido” número de contribuyentes. La Dirección General de Ingresos (DGI) reporta unos 59 mil contribuyentes, de los cuales 1,136 son grandes pero aportan el 71.1 por ciento de los impuestos.
MOMENTO DEL CAMBIO TOTAL
Los expertos en temas fiscales, Adolfo Acevedo y Julio Francisco Báez, consideran necesario corregir los defectos del actual Sistema Tributario, pero en una discusión “transparente” y “amplia”, no limitada con los empresarios.
Acevedo plantea aprovechar el bono demográfico y prepararse para el arribo de la fase de envejecimiento poblacional del país, logrando mayores recaudaciones fiscales. “Nicaragua tiene el desafío de llevar a cabo importantes incrementos en la inversión pública en campos tan importantes como la Educación y la Salud, la provisión de agua potable y saneamiento, la mejoría de la infraestructura del país, y la protección social de los adultos mayores”, afirma.
En tanto Báez cuestiona al sector privado porque los últimos 20 años no ha presentado su propia propuesta. “Su participación ha sido contestataria, buscadora de exoneraciones, de oposición reactiva a tal o cual medida del ejecutivo, pero sin aportar vías alternativas con visión de país”, sostiene.
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