WASHINGTON/EFE
Los cancilleres reunidos en la Asamblea General de la OEA estudiarán temas de difícil consenso, pero la polémica se centrará en la reforma de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el supuesto intento de debilitar su labor.
En enero, los Estados de la OEA aprobaron una serie de recomendaciones no vinculantes para reformar la CIDH, que organizaciones civiles consideran un intento de limitar la autonomía del organismo por parte de gobiernos como Ecuador o Venezuela.
Esas recomendaciones podrían convertirse en obligaciones para la CIDH si los cancilleres lo deciden en una votación que se producirá probablemente en una reunión a puerta cerrada el martes.
Un informe presentado por Insulza el 22 de mayo, respalda dos de las recomendaciones que han causado revuelo: la que pide que se modifique el estatuto de la CIDH para que el organismo consulte a los Estados antes de emitir medidas cautelares, y la relativa al Capítulo IV del informe anual.
Insulza pide que se “revisen los criterios, metodologías y procedimientos” para la elaboración de ese capítulo, en el que la Comisión identifica a aquellos países que necesitan mejorar en su respeto a los derechos humanos y que en los últimos años ha arremetido contra Venezuela, Colombia, Cuba y Honduras.
Aunque Insulza aseguró este miércoles que su intención es “darle certeza al sistema, en ningún caso debilitarlo”, al tiempo que abogó por fomentar una Comisión “mucho más flexible”.
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