Tania Sirias y Elizabeth Romero
El coordinador político de la Alianza PLI, Eduardo Montealegre, afirmó que el escándalo que sacude las estructuras del Consejo Supremo Electoral es “la gota que derramó el vaso”, y aunque los funcionarios de facto del CSE no tuvieran que ver con la emisión de cédulas a miembros del narcotráfico, “son responsables por error u omisión”.
Montealegre dijo que la imagen del CSE está dañada, pues son responsables de los fraudes electorales de 2008 y de 2011. Como si no bastase, ahora “ensucian, dañan y comprometen la imagen y dignidad del Estado de Nicaragua” aliándose con reconocidas bandas de narcotraficantes, trata de personas y lavado de dinero.
“Ya sea por dignidad, si es que tienen alguna o por vergüenza, todos estos funcionarios con períodos vencidos renuncien de volver a postularse para magistrados de ese poder del Estado”, expresó Montealegre.
BDN PEDIRÁ INVESTIGACIÓN
Además indicó que la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) solicitará al diputado Pablo Ortez, miembro de su bancada y presidente de la Comisión de Probidad de la Asamblea Nacional, que impulse un “exhaustivo proceso investigativo” con el objetivo de determinar los alcances de este escándalo.
También incluirá una investigación al proceso de cedulación, el cual a todas luces ha sido viciado por el CSE.
“La manera en que la dirigencia del CSE ha manejado la cedulación, no nos extrañaría que aparezcan otros casos similares o peores al que fue revelado”, dijo Montealegre. Asimismo hizo un llamado al oficialismo, con particular énfasis al CSE, que devuelvan la independencia, la institucionalidad y transparencia a los procesos electorales.
OSUNA SIN INMUNIDAD
El jurista y analista político, Carlos Tünnermann Bernheim, explicó que el magistrado de facto Julio César Osuna, apegándose a lo jurídico, es un funcionario con un cargo vencido, por lo tanto no tiene inmunidad y puede responder a una causa.
Lamentó que estos magistrados de facto son señalados de fraude, en tres elecciones consecutivas.
Además son funcionarios con cargos vencidos y en su momento el presidente de facto del CSE fue señalado por utilización indebida de los fondos de este poder del Estado. Con estos antecedentes, los nicaragüenses no tienen confianza en depositar su voto.
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El jurista dijo que hasta el momento, Osuna está como investigado por la Policía, pero de confirmarse su actuación, así como la de otros funcionarios de este poder del Estado, deja clara la necesidad de cambiar a estos funcionarios.
“Si se confirma que hubo participación de un magistrado suplente de facto, en asuntos de traslado de fondos provenientes del narcotráfico, incluso que utilizaba vehículos del CSE para traer dinero del narcotráfico de Honduras a Nicaragua y que está involucrado en la falsificación de cédulas de identidad, sería grave para la imagen de nuestro país”, lamentó Tünnermann.
Agregó que internacionalmente, esto afecta la imagen de Nicaragua, ya que se extiende cédulas de identidad a extranjeros, como el caso de “El Palidejo” que es costarricense y además se dedica a actividades de narcotráfico.
Tünnermann expresó que la Policía tiene que llegar hasta el fondo y ver qué otros funcionarios y miembros del CSE están involucrados en este escándalo.
JARQUÍN ANAYA DEFIENDE INMUNIDAD
El diputado Agustín Jarquín Anaya consideró que el involucramiento de Osuna contribuye a la disminución de la confianza del CSE, pero que definitivamente es un caso aislado y que debe seguir un proceso de levantamiento de la inmunidad y correspondiente separación del cargo.
Para Jarquín, ello no necesariamente debe involucrar a la institución porque se trata de una persona, y que igual que en el caso de Comtech no se podía culpar a toda la Policía por tan solo alguno de sus miembros.
Jarquín considera que Osuna por ser magistrado necesita ser despojado de su inmunidad, pero que el arresto es parte de una acción preventiva que se agota según los tiempos de Ley.
SEGURIDAD EN PELIGRO
El involucramiento del magistrado suplente de facto Julio César Osuna, como sospechoso de integrar una agrupación relacionada con el crimen organizado, evidencia la vulnerabilidad del sistema y pone en peligro la integridad de la nación, asegura el coordinador jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión.
Para el defensor de derechos humanos, el hecho de que uno de sus miembros aparezca mencionado en una estructura delictiva, debería llevar a los magistrados de ese órgano “si tienen decencia” a poner a disposición los cargos que usurpan y la Asamblea Nacional también debería interpelarlos.
Además demandó de las autoridades una investigación a fondo, “caiga quien caiga”, debido a que ya está la suspicacia.
Carrión recordó que en las pasadas elecciones no solo se negó cédula a miles, sino que la Policía restringió a quienes reclamaban su derecho de tener cédula para votar.
Además dijo en este caso también involucra a jueces que autorizan la reposición de partidas de nacimiento para que se otorguen cédulas ilegales.
El 3 de mayo pasado LA PRENSA publicó que el nombre de Osuna aparece como miembro de una sociedad anónima formada con uno de los cabecillas del grupo de “Los Charros”, David Patrón Arce, vinculado en actividades del crimen organizado con el nicaragüense Henry Fariñas.
INVESTIGAR AL CSE
Azahálea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), por su parte refirió que este hecho debe llevar al Estado de Nicaragua a impulsar una investigación en el CSE.
Añadió que la investigación policial demuestra también que las denuncias de la sociedad civil sobre fraude electoral, corrupción, entre otras, tenían fundamentos y que los señalamientos “no son al bolsazo contra el CSE”.
Asimismo recordó que en el país se ha denunciado entrega de cédulas, no solo a narcotraficantes colombianos sino a integrantes de las FARC y a menores de edad con fines de trata de personas.
“Demasiada podredumbre hay en el CSE, por lo tanto no resulta sorprendente que haya aparecido involucrado alguien que es magistrado suplente (de facto)”, sostuvo Solís.
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