Alcaldías tendrían “manos libres”
Lucía Navas
En lugar de que la reforma a la Ley de Contrataciones Municipales (Ley 622) elimine las discrecionalidades en la adjudicación de los proyectos públicos, más bien fomenta y bendice los abusos o corrupción en las alcaldías.
Es por eso que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) rechaza el proyecto de reforma a la Ley 622, impulsado por la bancada sandinista, porque además sienten que restringe la participación de las empresas privadas en las obras municipales.
“Las reglas no están claras. Están dejando los procesos de licitaciones a personas que los pueden manipular”, afirma Benjamín Lanzas, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción.
Son cinco puntos en la reforma de ley sobre los cuales el Cosep exige modificarlos, uno de los cuales son los criterios de evaluación de las ofertas, porque no garantizan que los oferentes sean solventes y capaces de cumplir con la obra o el servicio.
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Consideran “inconstitucional” el artículo que se refiere a “los medios de impugnación”, ya que obliga a la empresa a rendir fianza económica para tener derecho de recurrir de nulidad de un proceso de adjudicación. Exigen además que los procesos electrónicos de gestión sean graduales por el limitado acceso de muchas empresas a la internet.
HARÁN LO QUE QUIERAN
Pero de los temas más criticados es que no regula la figura de la “administración directa”, que permite a las alcaldías “construir las obras públicas utilizando sus propios equipos y mano de obra o con mano de obra aportada por la comunidad” y no licitar para contratar a una empresa privada. Para la Cámara de la Construcción y el Cosep, se da libertad excesiva.
“No estamos en contra de que las alcaldías hagan sus proyectos con la capacidad que tengan (de equipos y personal). El problema son los abusos que se dan, porque en esa parte de contratación directa por lo menos deben licitar todos los materiales a utilizar en la obra de infraestructura (a lo cual no quedan obligadas)”, dijo Lanzas.
“Lo que decimos es que todo el suministro de adoquines, hierro, cemento (a usar en la obra) debería ser licitado o tener cotizaciones al mejor postor, no dejarlo libre a que la Alcaldía decida el lugar dónde lo prefiera comprar”, dice.
Lanzas sostiene que —a excepción de alcaldías grandes como la de Managua o Granada— a las constructoras privadas se les restringe cada vez la adjudicación de una obra. “A nivel nacional hemos entrado en diferentes licitaciones y se las dan a sus primos, a amigos y a parientes aunque no tengan experiencia. No es porque ofrezcan el mejor precio, es que se la dan de dedo”, denunció.
RESTRINGEN A PYMES
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, dice que también preocupa la modalidad que se crea de “compras por cotizaciones” para la adquisición de bienes y servicios iguales o menores a los 900 mil córdobas. Aguerri explica que esto se contradice con la Ley de Contrataciones del Estado en relación a las “contrataciones menores”, donde el máximo es de 500 mil córdobas.
Leonardo Torres, vicepresidente de Conimipyme, explica que las pequeñas y medianas empresas lo que más brindan a las alcaldías son atención de eventos, pero que al elevar el monto del mismo las restringen de participar como oferentes. “En la Ley de Contratación del Estado nos permite presentarnos de forma asociada varias pymes para competir por compras grandes y se flexibilizan las garantías, pero con las municipalidades nos restringen”, afirma.
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