San José/ACAN-EFE
Una serie de escándalos e irregularidades han salpicado en las últimas semanas la construcción de un camino en el borde fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua, que además tiene enfrentados a los gobiernos de Managua y San José.
El escándalo más reciente se dio a conocer hoy, cuando el diario La Nación reveló que la «trocha» como la llama el gobierno de Laura Chinchilla, se construyó sin un solo plano de diseño. Pero la seguidilla de denuncias empezó a inicios de mayo, con la revelación de la presidenta Laura Chinchilla del supuesto pago de dádivas de empresarios a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), para obtener los contratos de construcción de la obra.
Por este caso, Chinchilla destituyó al entonces ministro de Transportes, Francisco Jiménez, y suspendió a otros funcionarios implicados que ahora están siendo investigados por la Fiscalía.
En las semanas siguientes el camino fronterizo, de 160 kilómetros de largo y uno de los proyectos más importantes del Gobierno de Chinchilla, ha sido blanco de constantes críticas por el manejo de los fondos para su construcción, parte de los cuales fueron aportados por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Nicaragua ha insistido desde diciembre pasado en que el camino, que se construyó paralelo al fronterizo río San Juan, ha contaminado seriamente esta vía fluvial, de su soberanía. San José ha negado rotundamente esta afirmación, pero deberá probarla ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pues Nicaragua elevó una demanda ante esa instancia.
Por ahora, el presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, Olman Vargas, ha asegurado que la falta de planos y de planificación de la obra «pudo desembocar en mayores costos, problemas ambientales y un rápido deterioro del proyecto».
El camino, que se construyó al amparo de un decreto de emergencia del Gobierno, carece de estudios topográficos para definir su ruta, así como de cunetas, alcantarillas y pasos sobre varios ríos.
Desde diciembre de 2010 y hasta ahora, el Gobierno de Chinchilla ha invertido unos 39 millones de dólares en este proyecto, calificado por la mandataria como de la más alta prioridad.
Este camino fue ordenado por la Presidenta luego de que Costa Rica acusara a Nicaragua de invadir parte de su territorio en el Caribe, en octubre de 2010; por eso se construyó al amparo de un decreto de emergencia, el cual, según el Conavi, eximía a la entidad de presentar planos, como lo exige la ley regular.
Ambientalistas nicarag enses han demandado también a Costa Rica por este camino ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), tribunal que no es reconocido por San José.
