Elízabeth Romero
De tres mil policías acusados el año pasado por algún tipo de abuso, 530 fueron sancionados. No obstante, la medida aplicada fue administrativa. Esto pasa igual con funcionarios judiciales acusados por sospechas de corrupción.
Estas disposiciones no parecieron satisfacer a los miembros de la misión de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).“La preocupación del comité sigue, y la nuestra también, en la medida que no corresponde a nivel penal el número de sanciones, en otros términos se toman sanciones administrativas, se hace una justicia interna dentro del cuerpo de la Policía, pero difícilmente se lleva al sistema judicial o por lo menos el sistema judicial no sigue con unas sanciones”, dijo el doctor Eric Sottas, uno de los miembros de la misión que permaneció por una semana en Nicaragua.
Otro de los temas abordados fueron las condiciones de los detenidos, pero que “acá el Estado no parece dar prioridad a este tema”, especialmente el problema de los llamados “donados”.
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“Faltan decisiones judiciales, es decir, un proceso abierto con sanción pública lo que permite a la víctima también después ser compensada de manera más adecuada”, sostuvo el doctor Sottas, quien junto a Andrea Meraz integraron la misión de la OMCT.
Ellos llegaron al país para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, que desde 2009 hicieron al Estado de Nicaragua los comités de Derechos Humanos y Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), las que a la fecha no han sido respondidas.
El comité realizó 24 recomendaciones al país, cinco de ellas seleccionadas como principales que debieron ser respondidas al año siguiente sin que hasta ahora tengan respuestas.
Por ejemplo, entre los temas más importantes está el establecer una definición sobre el tema de la tortura que debe contener el Código Penal de Nicaragua, así como en el Código Penal Militar.
La delegación también fue recibida en representación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por el magistrado de facto Armengol Cuadra, quien les reconoció “que sí, hay casos de jueces corruptos”, aunque no dio cifras. Según Sottas, Cuadra le dijo que cuando esto sucede los apartan de sus cargos.
Sottas y Meraz lamentaron que pese a que no pudieron verificar el seguimiento al tema de las recomendaciones sobre los privados de libertad, pues no fueron atendidos por el Ministerio de Gobernación, al igual que tampoco los recibió el presidente inconstitucional Daniel Ortega.
En el 2013 Nicaragua debe presentar nuevamente un informe, para la evaluación contra la tortura.
Y aunque el doctor Sottas confía en que el gobierno inconstitucional de Daniel Ortega responderá a las recomendaciones, refirió que de seguir sin responder las solicitudes de información, al final lo “que puede pasar es cierto aislamiento internacional”.
