Elízabeth Romero
Hace mes y medio que una juez de ejecución de sentencias de Carazo ordenó la libertad del reo Franklin Iván Obando, pero los funcionarios del penal de Granada se niegan a acatarla.
Los familiares de este, al igual que los de otros seis reos, han acudido a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) para denunciar esta situación.
Ayer los parientes de Obando realizaron un plantón frente a las instalaciones del Ministerio de Gobernación para demandar su libertad.
La inspectora civil, Carmen Flores, explicó al abogado Laureano Jesús Torres que revisarán la documentación que tienen en su poder, para determinar si cumplen con los requisitos para que el detenido sea puesto en libertad.
Los mandatos judiciales y las resoluciones son de ineludible cumplimiento y ninguna resolución administrativa está por encima de la ley, criticó el abogado de la CPDH, Pablo Cuevas, quien mencionó casos similares como los de Marcelino Luckes, Pedro Pablo Luckes, Omar Santamaría y Narciso Corea, quienes desde hace meses tienen orden de libertad a su favor.
Cuevas mencionó como ejemplo el caso de José Ramón Urbina, quien pasó 13 meses en La Modelo de Tipitapa, a la espera de que los funcionarios acataran la orden de libertad.
“En un Estado de derecho los funcionarios que lo sometieron a prisión arbitraria deberían estar presos, y el Estado debió haber sido demandado con indemnización ¿Quién le repone este tiempo?”, preguntó el abogado de la CPDH .
En la mayoría de los casos los reos cumplían condenas por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes, pero ya saldaron sus deudas con la justicia, alegó Cuevas.
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