Ningún partido político, menos la opositora Alianza Partido Liberal Independiente, debería participar en las elecciones municipales de noviembre, convocadas este jueves por los magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), advirtió ayer la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), que integran líderes de las principales organizaciones cívicas de Nicaragua.
Según la UCD, no existe ninguna garantía de que en esos comicios se respete el voto de los nicaragüenses.
PROPUESTA INSUSTANCIAL Y AMAÑADA, DICE LA UCD
Durante una conferencia de prensa, realizada ayer en Managua, la UCD publicó un comunicado en el que sostiene que las reformas propuestas esta semana por el poder ejecutivo no se corresponden con las recomendaciones hechas por las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), tras las “fraudulentas elecciones” nacionales de noviembre del año pasado.
Para la organización cívica, no es una coincidencia que la tardía convocatoria electoral del CSE fue precedida por las propuestas de reformas a la Ley Electoral y la Ley de Municipios, hecha por el presidente Daniel Ortega, ilegalmente reelecto en el 2011.
“Todo esto fue hecho a propósito. Es parte de un plan del partido de gobierno, que sabe que cuenta con los votos en la Asamblea Nacional, y demuestra que el presidente ilegal Daniel Ortega no tiene intenciones de dialogar ni buscar consenso, pero la ciudadanía y la comunidad internacional no pueden aceptarlo ni permitirlo”, reclamó el abogado y académico Carlos Tünnermann Berhneim.
En el 2004, el CSE fue acusado del fraude en cuatro municipios del país. En el 2008, otro fraude fue comprobado en 40 municipios, entre ellos Managua.
En el 2011, el presidente Daniel Ortega se reeligió en contra de la Constitución con unos resultados puestos en duda por los observadores internacionales.
Ahora, el mismo CSE convoca a otras elecciones, tras una propuesta de reforma que no busca un sistema confiable, sino nuevas reglas del juego que crean aún más desventajas a la oposición.
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En la conferencia también participaron el experto en Derecho Constitucional Julio Icaza Gallard, la periodista y socióloga Sofía Montenegro, miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), y el abogado y periodista Danilo Aguirre Solís.
En concreto, las reformas del ejecutivo proponen derogar la prohibición de la reelección de los alcaldes y vicealcaldes, que establece el artículo 178 de la Constitución Política. Además, pide triplicar el número de concejales en los 153 municipios del país que, en el caso de Managua, pasaría de 19 a 80 ediles.
Sin embargo, lo que han exigido las misiones de observaciones electoral, la comunidad internacional, el Grupo Promotor de las Reformas Electorales —que integran 14 organizaciones cívicas— y los principales partidos de oposición es que se garantice un sistema electoral capaz, confiable y transparente, que garantice el respeto a la voluntad popular y pase por la renovación total de los magistrados electorales y del resto de la estructura del CSE.
“Todo esto demuestra que el objetivo de estas iniciativas de reformas es tratar de engañar a la comunidad internacional y a la opinión pública nacional, para contrarrestar las graves consecuencias del fraude de noviembre pasado”, indica el comunicado de la UCD, para lo que el Gobierno solo utilizó la supuesta intención de un diálogo con fines “puramente demagógicos y propagandísticos”.
RECHAZO DEBE SER TOTAL
Icaza subrayó que la población debe “rechazar estas maniobras y exigir una reforma seria del actual sistema electoral”, que incluya la renovación del CSE.
“Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas, en particular a los integrantes de la Alianza PLI, a no participar en estas elecciones hasta tanto no se den las condiciones no mínimas, sino necesarias, para garantizar el respeto al voto de todos y cada uno de los nicaragüenses”, dijo Icaza.
Igualmente, pide a la comunidad internacional “no dejarse engañar por las maniobras de Ortega y acompañar al pueblo nicaragüense en su exigencia de elecciones libres, transparentes y honestas y de restauración de los principios e instituciones democráticas”.
LA PERSONALIDAD JURÍDICA ES LO QUE MENOS IMPORTA
Montenegro aseguró que las próximas elecciones municipales están “desahuciadas”, porque la confianza de la gente en el sistema electoral y sus autoridades ya llegó a un “punto terminal”, en el que sería una locura participar en ellas.
Además de la no renovación total del CSE y la falta de un sistema electoral confiable y transparente, las próximas elecciones incluirán nuevas reglas del juego que, según expertos electorales, crean mayores desventajas para la oposición que se enfrenta a la maquinaria del partido de gobierno, que controla todas las instituciones del Estado.
Una ley que los obligará a presentar una lista con igual cantidad de candidatos hombres y mujeres, otra que triplicaría el número de candidatos a concejales, y contra un partido que ya ha nombrado de dedo a la mayoría de sus candidatos a alcaldes y vicealcaldes, aun en contra de sus mismas bases, son algunas de las nuevas reglas, por las que los partidos de oposición hasta temen por sus personalidades jurídicas.
Sin embargo, Aguirre Solís dijo que los partidos deben entender que eso no es lo más importante en este momento.
“Hablo al filo de la historia: en tiempos de Somoza el PLI pasó 35 años sin personalidad jurídica y no por eso dejó de representar a la oposición ni recuerdo que se haya lamentado por eso… Si las condiciones que está poniendo este sistema no son una trampa para los partidos, entonces no sé qué otra cosa sea”, opinó Aguirre Solís.
Montenegro advirtió que los partidos también deben estar conscientes de que la población pide una renovación a gritos y que quienes no lo entiendan “son partidos dinosaurios que se aferran contra la extinción en lo último del período jurásico de Nicaragua”.
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