Tania Sirias
El especialista Alberto Mora presentó a estudiantes de programas de maestrías del Instituto de Estudios e Investigación Jurídica el informe Estado de la Región, donde expresó que Centroamérica enfrenta amenazas y debilidades en el sistema judicial.
“Hay alertas que nos preocupan en el sistema político, tomando en cuenta que los Estados son pequeños y tienen con poco presupuesto para hacer políticas públicas”, dijo Mora.
Dicho informe contó con la coordinación del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica.
El investigador afirmó que el sistema judicial de Nicaragua invierte diez dólares por persona, sin embargo, al financiamiento de las Fuerzas Armadas se dedica un 50 por ciento más. “Esto define la priorización en la asignación de recursos”.
El informe presentado por Mora lamenta que en los últimos cinco años el poder judicial ha sido cuestionado en su independencia, ya sea por los sectores de la sociedad civil, políticos e incluso organismos internacionales.
“Honduras y Nicaragua son los casos más extremos, por la participación que tuvieron los órganos judiciales en las crisis políticas de estos países”, señaló el informe.
Agrega que “la independencia del poder judicial ha sido uno de los factores de inestabilidad”, después de que la Asamblea Nacional no logró consenso para nombrar a los nuevos magistrados y remplazar a los que se les había vencido el período.
“Un decreto presidencial amplió el mandato de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, afines al partido de gobierno”, indica el informe Estado en la Región.
Además recogen como parte de las reacciones la ausencia de los magistrados liberales en el poder judicial, los cuales fueron sustituidos por jueces suplentes por decisión de la presidente interina y hacer quórum.
“Esto se tradujo en un absoluto control del máximo órgano judicial, por parte de los magistrados de orientación sandinista”, agregó.
El informe Estado de la Región señala que el acceso a la justicia sigue siendo muy dispar. En el país oscila que por juez hay 14 mil habitantes. Los despachos judiciales resuelven un promedio del 52 por ciento de los casos al año. En materia civil se resuelve el 47 por ciento y en materia laboral es la que menos se atiende.
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