MIAMI/AFP/EFE
El exjuez de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Eladio Aponte, destituido por presuntos nexos con el narcotráfico, coopera en Washington con la Agencia Antidrogas y, según el diario El Nuevo Herald, ayer implicó a miembros del Gobierno de su país.
Makled ha asegurado que pagó grandes cantidades de dinero a funcionarios, incluido “el alto Gobierno”, y que ha trabajado de forma muy cercana con generales venezolanos, ministros, diputados y gobernadores.
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El magistrado declaró que las supuestas operaciones con el narcotráfico “son dirigidas directamente por el ministro de Defensa (Henry Rangel Silva), el general Cliver Alcalá, (jefe de la Cuarta División Blindada del Ejército) y Diosdado Cabello (presidente de la Asamblea Nacional), según una fuente no identificada del diario.
Alcalá y Rangel Silva están incluidos en la lista realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y organizaciones terroristas.
El ministro costarricense de Seguridad Pública, Mario Zamora, informó que Aponte salió del país el martes en forma voluntaria, “acompañado” por personal de la Agencia Antidrogas norteamericana (DEA) y “en el ejercicio de su libertad de tránsito”, pues se hallaba en este país en condición de turista desde el pasado 2 de abril.
En Caracas, la defensa del exmagistrado manifestó que no tenía otra información sobre el paradero de Aponte más que la aparecida en la prensa estadounidense ayer.
Aponte fue destituido como presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela el 20 de marzo, tras revelarse que había entregado credenciales como asistente suyo al venezolano Walid Makled, a quien EE. UU., y Colombia acusan de traficar cocaína.
La destitución fue ratificada por el parlamento, por considerar los hechos de que se le acusan como “falta grave” y el caso está en investigación por la Fiscalía.
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