Lucía Navas
Jubilarse después de los 60 años de edad. Pagar más impuestos. Pagar más por las facturas de los servicios básicos. Nada de esto agrada a la población, pero son parte de las recetas que han acompañado los programas que los últimos cuatro gobiernos han suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Al asumir la presidencia en el 2007, Daniel Ortega y los miembros de su gabinete se mostraron críticos y en rechazo al FMI, pero en la práctica se les consideran “los mejores alumnos” que ha tenido el organismo en el país.
El 4 de diciembre de 2011 finalizó el programa conocido de Servicio y Crédito Ampliado (SCA), que no es más que el acuerdo que recogió las tareas que el Gobierno asumió en 2007 para mantener la buena calificación del FMI de que la economía “es estable”. Pero la relación de cinco años tuvo tropiezos. En más de una ocasión Ortega se le salió del redil al FMI y puso en jaque las inversiones y el flujo de la cooperación internacional, de la que el país sigue altamente dependiente. Al final se consiguió pasar todos los “exámenes” y con ello recibir 111 millones de dólares.
Junio 2012 es el momento previsto para que el Gobierno y el FMI vuelvan a negociar un programa macroeconómico. Al menos es la fecha que dan quienes dirigen el equipo negociador: Alberto Guevara, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN) y Bayardo Arce, asesor presidencial para asuntos económicos. Aunque ninguno aclara qué tipo de programa se quiere y por cuánto tiempo se someterán a él.
LA TRANQUILIDAD QUE DA
¿Por qué se necesita tanto del FMI? Mario Arana, expresidente del BCN, lo resume así: “Es una garantía, una señal importante a la inversión nacional, regional y extranjera, de que sé es un país comprometido con la disciplina fiscal y monetaria. Eso es clave porque para planificar tus inversiones y generar empleo vos necesitás certeza de que hay estabilidad”.
El economista Adolfo Acevedo está de acuerdo en que lo fundamental del programa 2007-2011 fue permitir mantener esa confianza del sector privado “en términos de que, a pesar de la retórica del Gobierno, se mantendría inalterable el mismo marco de política económica de la década anterior”.
¿A que se traduce esto? José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), asegura que un ejemplo de ello es haber obtenido el año pasado una inversión extranjera directa cerca de los 1,000 millones de dólares y haber generado 48,600 nuevos empleos formales.
“Para el empresario extranjero y el nacional el estar con el Fondo es la certeza de que se evitará que hayan “disparos” del Gobierno de turno —sea quién sea—, de políticas que no sean prudentes y así se puede seguir este buen proceso de inversión”, asegura.
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EL RECHAZO
Sin embargo, para el sociólogo e investigador Cirilo Otero, las medidas impuestas por el FMI a Nicaragua no han contribuido a lo urgente: reducir la pobreza con celeridad. El índice de pobreza general actual es del 42.5 por ciento.
“Hoy el Gobierno no logra invertir más en educación y en salud por pagar la deuda (pública)”, señala.
Para él la evaluación que hará este mes un equipo del FMI, sobre los resultados del último programa, debe reflejar que causó más daño que beneficio. Otero sostiene que el millón de niños y adolescentes fuera de las aulas de clase, el 1.5 millones de nicaragüenses en edad de trabajar que están en el desempleo pleno, son parte de ese daño.
LOS DADOS CARGADOS
Arana y Acevedo coinciden al señalar que ahora al FMI le interesa más que Nicaragua mantenga el balance fiscal adecuado, inflación controlada, altas reservas internacionales y el sistema financiero resguardado.
Pero son cuatro temas que para ambos seguirán siendo la tensión en las negociaciones futuras entre el FMI y el Gobierno la reforma tributaria, la reforma del sistema de seguridad social, la cooperación de Venezuela y los subsidios energéticos.
“Nosotros no tenemos por qué seguir lo que dice el Fondo, nunca lo hemos seguido”, aseguró el viernes pasado el asesor presidencial Bayardo Arce, tratando de tranquilizar a los trabajadores al no aplicar “la receta” del FMI hecha a todos sus países miembros, de que debe elevarse la edad de jubilación. Pero la realidad es que la propuesta del Gobierno —que el mismo Arce anunció en septiembre pasado— apunta que la jubilación sea a los 65 años. La propuesta de reforma además incluye aumentar la cotización de los trabajadores y empleadores al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Para el presidente del Cosep “todo es discutible”, pero dice que ya en 2009 los empresarios “asumimos un costo adicional para mantener el flujo al Seguro Social”, al elevarse al 16 por ciento la cuota patronal, y por tanto “no puede pensarse que el sector privado seguirá solo asumiendo todos los costos”.
En tanto Arana ve como una piedra en el camino de lograr un entendimiento entre el Gobierno y el FMI, los recursos extrapresupuestarios hasta por 600 millones de dólares por año de la cooperación venezolana. Arana cree que esta vez habrá una presión sobre el manejo de estos recursos.
Acevedo igual ve la situación “compleja”, debido a la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela y la decisión de EE. UU. sobre los waiver. Acevedo analiza que si Hugo Chávez pierde las elecciones, al gobierno de Ortega se “le podría debilitar por completo la principal base de fortaleza: su posibilidad de manejar millones con bastante libertad”.
“Esto explica la búsqueda del Gobierno de fortalecer su acercamiento a los empresarios, porque entiende que no puede depender solo de una de las piernas que lo han sostenido, y ahora solo podría quedarse con la otra”, afirma.
REVISIÓN EN PUERTA
Marcello Estevao, jefe de Misión del FMI para Nicaragua, en declaraciones a LA PRENSA deja saber que en la revisión con el Gobierno es central evaluar si la economía crecerá entre 3.5 y 4 por ciento este año, y los subsidios energéticos. “Nosotros en el FMI todavía estamos refinando nuestra proyección para el 2012, pero no creo que esté fuera del rango que usted menciona (crecimiento). En este sentido, durante la próxima misión de Artículo IV, conversaremos con las autoridades los diferentes elementos que pensamos puede afectar —algunos positivamente y otros no— sobre la actividad económica de este año”, afirmó. Entre los factores que se analizarán estará la situación económica de los principales socios comerciales de Nicaragua, así como la evolución de los precios internacionales de los productos que Nicaragua exporta e importa, especialmente el petróleo.
¿Los subsidios son de interés especial? “Dado que la tarifa eléctrica que se cobra a los consumidores de 150 kwh/mes está congelada al nivel de julio del 2005, el aumento de la tarifa eléctrica efectiva del 9 por ciento de enero último aumenta el costo para el Estado de mantener tal subsidio. Entendemos que tal aumento es lo que se ha reflejado en el presupuesto aprobado. Aún cuando no hay un programa en este momento entre el FMI y Nicaragua, coincido que la tarifa eléctrica no debería desviarse durante períodos prolongados de los costos de generación. Las autoridades tienen esto muy claro, y creemos que es por eso que se produce el aumento de la tarifa”, dijo.
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