Por Ramón H. Potosme y Tania Sirias
A la fecha son más de 35 altos funcionarios que ejercen de facto los cargos en los distintos poderes del Estado, vacantes que deberá nombrar la Asamblea Nacional cuya discusión hasta ahora iniciaría con la creación de una comisión especial.
En la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solo ocho magistrados están legalmente electos, el resto lo hace de facto, a excepción de Sergio Cuarezma, quien entregó su cargo una vez que venció el período para el cual fue electo, y el fallecido Guillermo Selva (q.e.p.d.).
Para magistrados del CSE proponen a: Danilo Aguirre Solís, Roberto Bendaña, Roberto Courtney, Dionisio Marenco, Mauricio Zúñiga y Julio López Campos. En la CSJ: Asunción Moreno, Rosa Marina Zelaya, Carlos Tünnermann, Alejandro Serrano Caldera, Gabriel Álvarez, Oscar Castillo, Noel Vidaurre, Gertrudis Areas y Fanor Avendaño.
En la Fiscalía: Alberto Novoa, Carlos Mairena. En la Procuraduría de Derechos Humanos: Marcos Carmona, Roberto Petray, Henry Chávez. En la Contraloría: Julio Francisco Báez, Róger Cerda y Azucena Castillo.
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A ellos deberán sumarse 16 conjueces, que según el diputado sandinista Edwin Castro deben ser nombrados por el parlamento. Los conjueces funcionan como magistrados suplentes, aunque la reglamentación de cómo debe hacerse no ha sido hecha ni por la CSJ ni por los legisladores.
También trabajan como funcionarios ilegales todos los miembros de la Contraloría General de la República y todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), así como el fiscal general y la fiscal adjunta.
Estos funcionarios cuyos períodos han vencido fueron los que organizaron las elecciones presidenciales del 2011 y los que pretenden organizar los comicios municipales de noviembre próximo.
Los funcionarios se ampararon en el decreto 03-2010 que firmó el presidente Daniel Ortega, con lo que pretende legalizar la continuidad de los funcionarios hasta tanto la Asamblea no elija a sus sucesores o los ratifique en sus cargos.
También está pendiente de elegirse al superintendente de Bancos, así como el procurador y subprocurador de Derechos Humanos.
El plenario conocerá en las próximas semanas, según la agenda aprobada por la directiva de la Asamblea Nacional, los informes que entregó en abril del 2010 una comisión especial constitucional.
Esta verificó que los nominados a ocupar estos cargos cumplieran los requisitos y se entregó un informe para los candidatos de la CSJ, el CSE, la Contraloría General de la República, el superintendente de Bancos y el procurador de Derechos Humanos.
Por mayoría excluyeron a los funcionarios que estaban de facto por haber irrespetado la Constitución y a la misma Asamblea Nacional, según el informe. Pese a ello, fueron incluidos por un dictamen de minoría hecho por los sandinistas y su aliado, el entonces legislador Guillermo Osorno Molina.
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