Por Elízabeth Romero
Un millón 600 mil dólares es la cantidad que necesita la Fiscalía para implementar en junio próximo la Ley Contra la Violencia Hacia las Mujeres.
La directora del centro de Mujeres Ixchen, y exfiscal general adjunta, María Lourdes Bolaños, abogó porque en las próximas reformas presupuestarias se contemple el presupuesto adecuado que requiere la Fiscalía para aplicar esta Ley en sus acusaciones.
En el evento, la jefa de las Comisarías de la Mujer de la Policía Nacional, comisionada general Mercedes Ampié, explicó a los asistentes todo lo relacionado con los alcances y repercusiones de la Ley.
La procuradora especial de la mujer historió cómo esa institución junto a diversas organizaciones defensoras de las mujeres desde hace mucho tiempo empezaron a promover la idea de la creación de una Ley.
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“Si no hay suficiente respaldo económico vendría a ser una Ley de papel mojado, porque los fiscales no van a dar abasto”, advirtió Bolaños.
“Nosotros como mujeres, como organizaciones civiles, debemos de presionar para que si los diputados dieron esta Ley tan buena, como digo yo, por el momento es buena, para mí, que le den el suficiente respaldo económico para hacerla efectiva”, expuso la directora de Ixchen.
Recordó que las autoridades de la Corte Suprema de Justicia fueron las primeras en exponer todo lo relacionado con las necesidades para implementar la Ley, pero recordó que el poder judicial ya tiene asignado un porcentaje del presupuesto general de la República, “pero a la Policía y a la Fiscalía es lo que le quieran dar”.
Y aún más: consideró que el mayor problema lo podría enfrentar la Fiscalía, pues a su criterio la Policía podría suplir sus necesidades de algunas incautaciones al crimen organizado, recursos que de algún modo han sido negados a la Fiscalía por la Corte Suprema de Justicia.
El fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, expresó que según un análisis efectuado en base a los requerimientos de la institución para aplicar lo establecido por la Ley, se necesitan 48 nuevos fiscales, asistentes de fiscales, nuevas sedes y capacitación especial a los fiscales.
La Ley debe ser puesta en práctica en junio próximo y, según lo establecido, las denuncias por este tipo de delitos deben ser seguidas únicamente por dos fiscales que llevarán el proceso hasta que concluya en los Tribunales de Justicia. Esto es para evitar que la víctima, al momento de denunciar el caso, sea revictimizada, como ocurre hasta ahora en muchos procesos.
Actualmente, la unidad especializada de género del Ministerio Público cuenta apenas con 15 fiscales para atender a todo el país, mientras que las cifras del fenómeno aumentan cada año, incluyendo los feminicidios.
Un monitoreo del llamado grupo Católicas por el Derecho a Decidir reporta que en el primer trimestre 25 mujeres y dos niñas fueron asesinadas, una de ellas en Costa Rica.
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