Tania Sirias
“Entre esos estaban: personas probas, capaces, independientes, que no respondieran a intereses políticos ni personales, es decir que tuviesen la capacidad para optar a esos cargos”.
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Entre los que usurpan cargos están los magistrados de facto del poder electoral: Roberto Rivas, José Bosco Marenco, Luis Benavides, José Luis Villavicencio, Marisol Castillo, Julio Osuna y Emmet Lang.
El procurador y subprocurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas y Adolfo Jarquín Ortel, también están ilegales en sus puestos.
Entre los magistrados del poder judicial están: Rafael Solís, Armengol Cuadra, Alba Luz Ramos, Juana Méndez, Dámicis Sirias e Iván Escobar Fornos. Entre los fallecidos cuentan: René Herrera y Guillermo Selva.
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Hace tres años se firmaron los acuerdos Metrocentro I y II, donde las fuerzas de oposición se oponían a la reelección de funcionarios en el Estado a quienes se les venció su cargo y siguieron de manera ilegal. En ese entonces eran 25 puestos vacantes, ahora ya suman más de 35.
El día de ayer la Asamblea Nacional dio luz verde para que se conforme una comisión especial para elegir a los nuevos funcionarios.
Es por eso que organismos de la sociedad civil les recuerdan a los miembros del Partido Liberal Independiente (PLI), Vamos con Eduardo, el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y al mismo Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que cumplan con el compromiso firmado ante la población.
Azahálea Solís, miembro de la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), afirmó que ellos estuvieron en el proceso de esos acuerdos y por lo tanto es necesario que se lleven a cabo, antes de ir a un diálogo con el gobierno inconstitucional de Daniel Ortega.
“Nuestro planteamiento como sociedad civil es que haya un cumplimiento al Estado de derecho en el país y para nosotros es incongruente que estén personas en los poderes del Estado ilegalmente nombradas”, expresó Solís.
Donald Muñoz, presidente de Acción Cívica por la Democracia, que aglutina a varias organizaciones, opinó que ahora que se dé la negociación entre Daniel Ortega y Eduardo Montealegre, lo mejor sería retomar estos acuerdos firmados en años anteriores por la oposición.
UN DIÁLOGO ABIERTO
“Si ya colocaron los cimientos para el diálogo y buscan el apoyo de la sociedad civil, la empresa y otras organizaciones, les exigimos conocer en qué momento se van a discutir estos acuerdos y lograr antes una concertación nacional”, expresó Muñoz.
Además demandó que si se logra un diálogo nacional, no un acuerdo bipartidista, es necesario que sea abierto y escuchen las propuestas de carácter administrativo que hace la sociedad civil, pues no se trata de nombres sino actitudes para los puestos en el Estado.
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