Marvin Pichardo Castillo

Políticas públicas con financiación asegurada

Los jefes de Estado del continente americano se reunirán en Cartagena de Indias, Colombia, cita hemisférica que se realizará del 9 al 15 de abril del presente año, conocida desde 1994 como Cumbre de las Américas, y tiene por objetivo fundamental —aún no alcanzado— una América unida y próspera por igual.

La Cumbre de las Américas se constituye en una excelente oportunidad para los principales actores políticos del continente de incidir en el análisis y discusión de políticas públicas y propuestas de soluciones eficaces a los principales y complejos problemas públicos que afectan directa e indirectamente a los países del hemisferio, en menor, igual o mayor escala.

La VI Cumbre Hemisférica girará en torno a cinco ejes temáticos: seguridad, acceso y utilización de tecnologías, fenómenos naturales, reducción de la pobreza y las inequidades e integración física de las Américas.

Los temas oficiales de la actual agenda son coherentes con los grandes objetivos comunes de los países participantes establecidos en la primera Cumbre (Miami, EE. UU., 1994): fortalecimiento de la democracia, seguridad regional, integración económica con libre comercio y el desarrollo sostenido.

Un aspecto trascendental es el hecho de que el Gobierno de Colombia ha garantizado una declaración política que obligará a los Estados participantes a diseñar e implementar políticas públicas con financiación asegurada, lo cual se constituirá en una medida efectiva y eficaz dada la impostergable necesidad de recursos para diseñar e implementar políticas públicas tan complejas como la de los temas planteados en la agenda de la Cumbre, en especial el de seguridad, sin limitar la importancia real de los otros temas de agenda que, obviamente, requieren de financiamiento asegurado.

El tema de seguridad en la región es de prioridad en la agenda de la Cumbre, donde los gobernantes del continente deberían de incidir aprobando un documento base que determine el diseño e implementación de una política pública supranacional costo-efectiva de combate al crimen organizado, con medidas de largo plazo y centrada en atacar la raíz del problema más que sus efectos, tal y como lo propusieron académicos, funcionarios y miembros de organizaciones no gubernamentales de varias naciones centroamericanas en un foro de seguridad regional celebrado recientemente en la ciudad de Guatemala.

Sin embargo, diseñar e implementar una política pública de seguridad supranacional no es nada trivial, todo lo contrario es sumamente complejo, en vista de que cada país tiene su propia heterogeneidad estructural, sumado a ello la escasez de recursos y abundantes necesidades socioeconómicas que presentan la mayoría de los países de la región, en especial los países centroamericanos, considerados actualmente el corredor del crimen organizado, y es ahí donde radica la necesidad imperante de concertar acuerdos efectivos y eficientes entre todos los gobiernos del continente americano, a fin de proponer soluciones eficaces para contrarrestar al crimen organizado, trabajando en proyectos de cooperación entre los Estados en tareas específicas como el control de armas de fuego, interdicción del narcotráfico y fortalecer la capacidad en las comunicaciones e intercambio en los mecanismos de información, y sobre todo acordar el cumplimiento obligatorio de todos los Estados participantes a implementar políticas públicas con financiación asegurada, lo que le garantizaría eficacia, efectividad y sostenibilidad a la política. ¡El reto está planteado!

El autor es máster en Políticas Públicas. Universidad de Chile.

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