Elízabeth Romero
La ley no faculta a la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos para “investigar a los funcionarios de otro Estado en materia de derechos humanos”. Esa fue la excusa encontrada por el procurador de facto de Derechos Humanos, Omar Cabezas Lacayo, cuando sofocó las intenciones de la Procuradora Especial de la Mujer, Débora Grandison, de conocer información sobre la violación sexual que sufrió en una escuela médica venezolana la estudiante Militza Malinali Matute Martínez.
Grandison explicó que considerarían la posibilidad con la Fiscalía nicaragüense de efectuar un enlace con sus homólogos venezolanos “para constatar los hechos denunciados”. Cabezas reaccionó: “A nuestra institución la ley no le da la capacidad de extraterritorialidad, hay que decirlo”.
Cabezas Lacayo reconoció que no tiene ninguna comunicación con autoridades venezolanas, pero por adelantado dio como un hecho que la Policía de ese país investiga el caso.
El coordinador jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, criticó la posición asumida por el funcionario de facto, a quien calificó como “el ejemplo más deprimente”, del que dijo “usurpa la función de procurador”.
Carrión estimó que el parlamento, aunque está bajo control del oficialismo e independiente de que este usurpe funciones, debería requerir a Cabezas para que rinda un informe sobre el caso.
Carrión barajó varias posibilidades a través de las cuales Cabezas pudo obtener información del delito denunciado: solicitar información a la Cancillería, o a través de una comunicación con el homólogo de Cabezas o del órgano interamericano de procuradores de derechos humanos. Las declaraciones de Cabezas fueron vertidas después de anunciar que darán seguimiento a fiscalizaciones anteriores, sobre el acceso a la justicia para las mujeres violentadas.
Después que Militza fue regresada a Nicaragua, el año pasado, su caso fue estudiado por la oficina de la primera dama Rosario Murillo, que costeó su internamiento durante 56 días en el Hospital Militar.
Al final le diagnosticaron una enfermedad que en el país no se puede tratar y se desatendieron de ella. Su madre Ana Martínez sigue clamando por ayuda.
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