Martha Vásquez
Henry Fariñas y Hugo Jáenz, acusados de crimen organizado, lavado de dinero y tráfico internacional de droga, pueden permanecer bajo prisión, ya que “gozan de buen estado de salud”, dice el dictamen del Instituto de Medicina Legal que rola en el expediente judicial.
Según dictamen forense, realizado por el doctor Enrique González, el procesado Henry Fariñas “se encuentra en buen estado de salud”, al igual que Hugo Jáenz.
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Los resultados de las valoraciones médicas fueron enviados ayer al Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia, donde el juez Julio César Arias dio a conocerlos, después de admitir acusación contra William Vargas Conrado, otro de los siete implicados en el caso de lavado que la Policía y Fiscalía imputan a los citados.
Según acusación del Ministerio Público, Vargas Conrado funcionaba como gestor, representante legal y gerente general del night club Elite Nicaragua, negocio del cual es dueño del uno por ciento de las acciones, según investigación policial. Además representaba otras sociedades comerciales creadas por Fariñas para lavar dinero, de acuerdo con la acusación formal.
SE DECLARA SIN DINERO
Durante la audiencia preliminar el señalado se declaró sin posibilidades económicas de pagar abogado y solicitó le nombraran uno.
El juez Arias le explicó que esa audiencia la realizarían sin abogado defensor, porque no había para asignarle en el momento, pero que de todas maneras eso no causaría nulidades en el proceso. Vargas tomó la palabra después de haber escuchado la acusación de la Fiscalía y dijo: “Soy gestor fiscal, me busca la persona que quiere hacer trámites de inscripción de catastro, pago de impuestos. Ves así sería”.
El juez resolvió admitir la acusación, ya que en esta se deja clara la participación individual del acusado, por tanto programó audiencia inicial para el 30 de abril y ordenó la tramitación compleja del caso a petición de la Fiscalía, ya que aún siguen las investigaciones en el caso.
Durante la audiencia también se personó la Procuraduría General de la República a través de la procuradora auxiliar Tatiana Martínez, quien argumentó que dichos delitos atentan contra la salud pública, la seguridad nacional y contra el sistema financiero del país.
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