El secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Silvio Báez, estimó que el presidente inconstitucional está sufriendo las consecuencias de las ilegalidades y violaciones a las leyes del país. LA PRENSA/N. GALLEGOS

Ortega paga por fraude

A propósito de las declaraciones de Gonzalo Gallegos, director para Centroamérica, del Departamento de Estado, sobre los nuevos obstáculos que está poniendo el Gobierno de Nicaragua para obtener el waiver, como los más recientes casos de confiscaciones a ciudadanos norteamericanos, monseñor Silvio Báez, secretario general de la Conferencia Episcopal, recomendó al gobierno de Daniel Ortega escuchar las voces de los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense.

Noel Gallegos y Judith Flores

A propósito de las declaraciones de Gonzalo Gallegos, director para Centroamérica, del Departamento de Estado, sobre los nuevos obstáculos que está poniendo el Gobierno de Nicaragua para obtener el waiver, como los más recientes casos de confiscaciones a ciudadanos norteamericanos, monseñor Silvio Báez, secretario general de la Conferencia Episcopal, recomendó al gobierno de Daniel Ortega escuchar las voces de los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense.

“En distintas ocasiones los obispos hemos dicho que no creemos que decisiones unilaterales de los Estados Unidos deban ser la solución de los problemas”, consideró Báez.

“Pero indudablemente, cuando el Departamento de Estado habla con esta firmeza, y casi como amenazando, en el fondo el Gobierno (de Nicaragua) está pagando, de cierta manera, las consecuencias de acciones pasadas, o sea el fraude en las elecciones, la inconstitucionalidad de la candidatura del vencedor en las elecciones (Daniel Ortega), y tantas otras cosas que la Comunidad Europea, la OEA, han hecho ver. Si el Gobierno no escucha, se expone a que paulatinamente Nicaragua vaya quedando aislada internacionalmente”, subrayó el alto jerarca.

Consideró que las consecuencias económicas, ante una posible cancelación de la dispensa a nuestro país, serían graves, pero que las soluciones tienen que estar en el interior del país.

“No creo que estas exenciones pudieran llevar nuevamente la democracia, la transparencia y el imperio de la ley de regreso a Nicaragua. Estados Unidos debe dejar claro al régimen de Ortega, que sus acciones cometidas el año pasado son una franca violación a la Constitución de Nicaragua, eso es inaceptable”, dijo Ros-Lehtinen. Agregó que corresponde a la administración de Obama justificar el uso de estas dos exenciones pendientes de aprobación mediante documentación de cómo estas dispensas promoverán los intereses y las prioridades de Estados Unidos.

Política Fraude Ortega archivo

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