Martha Vásquez
Los extrabajadores de la Dirección General de Ingresos que demandaron al Estado de Nicaragua por incumplimiento de sentencias judiciales que les favorecen están satisfechos porque la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) resolvió admitir la demanda e instó emplazar al Estado, para que responda por los señalamientos.
La demanda ante este Tribunal Regional Internacional fue introducida en enero pasado por los extrabajadores de la DGI, José Tomas Gómez Leiva, Norma Elena Mora Artola, Santos Hermencia Díaz Martínez y Luisa Amanda Morales Gutiérrez.
De acuerdo con la notificación, la CCJ da al Estado 20 días, contados a partir de la notificación, para que conteste y presente un informe, explicó Álvaro Leiva Sánchez, secretario de Asuntos Laborales y Derechos Humanos de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep-CUS).
Para Leiva, esta resolución de la CCJ es “una luz de esperanza y justicia” a favor de los exempleados públicos. En el país existen más de 19,000 empleados públicos que tienen sentencias judiciales que ordenan el pago de prestaciones sociales, liquidación por antigüedad, o bien reintegro de trabajo, pero los mandatos siguen sin cumplirse por los funcionarios en las diferentes instituciones públicas del Estado, detalló el sindicalista.
ESTADO AL BANQUILLO
“Vamos a sentar en el banquillo de los acusado al Estado, a fin de que responda por sus ilícitos contra extrabajadores públicos, al no acatar sentencias judiciales”, sostuvo el sindicalista.
Leiva agregó que en Nicaragua se está haciendo “represalia, discriminación, despidos y suspensiones ilegales de trabajadores y la eliminación de organizaciones sindicales” en los diferentes ministerios del Estado, y aunque los tribunales de justicia resuelvan a favor de los trabajadores, el Gobierno no cumple las sentencias, aunque estas, según la Constitución, son de ineludible cumplimiento.
“Esta resolución representa un verdadero triunfo en el campo internacional”, dijo Norma Mora, una de las demandantes.
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